Revancha federal, el embargo al gobierno de Martínez García: legisladores del PRI

Ť El gobernador acusó a la Secodam de presionar a Banobras para no llegar a acuerdos con ellos

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 20 de enero. Diputados locales priístas calificaron de "revancha del gobierno federal" el embargo decretado por Banco de Obras y Servicios (Banobras) sobre propiedades y cuentas del Instituto de la Vivienda de Chihuahua, producto de que la administración estatal se negó a participar en programas de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

A su vez, el gobernador Patricio Martínez García acusó al ex mandatario estatal y ahora titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Francisco Barrio Terrazas, de presionar a Banobras para no llegar a un acuerdo con la entidad.

Legisladores estatales del PRI dieron a conocer que preparan un punto de acuerdo en contra de las acciones judiciales de Banobras, que embargó al estado 688 hectáreas de reservas territoriales destinadas a construir viviendas populares, así como cuentas bancarias y la cartera de deudores del Instituto de la Vivienda de Chihuahua (Iviech), quienes recibieron créditos por casi 440 millones de pesos de la administración estatal 1992-98, la cual encabezó Barrio Terrazas.

La acción de Banobras contra el estado se dirime en la arena política, al resurgir roces entre funcionarios estatales y dependencias federales, signo de la administración de Martínez García. Incluso durante el último año del ex presidente Ernesto Zedillo, el gobernador promovió una controversia constitucional por la decisión de la Secretaría de Hacienda de decomisar automóviles extranjeros que portaban engomados emitidos a partir de la Ley de Seguridad Pública de Chihuahua.

El origen del endeudamiento con Banobras ocasionó declaraciones públicas entre Martínez García y Barrio Terrazas cuando sus agendas coincidieron en Ciudad Juárez el viernes pasado.

El mandatario y el titular de Secodam se responsabilizaron mutuamente del mal manejo del endeudamiento que enfrenta el Instituto de la Vivienda de Chihuahua y del embargo decretado por tribunales federales sobre bienes del erario estatal.

En Juárez, Barrio Terrazas rechazó las acusaciones del gobernador, quien lo responsabilizó de contratar irregularmente los seis créditos que otorgó Banobras al Iviech, y endosó el caso a Fernando Baeza Meléndez, que estuvo al frente del gobierno estatal en el sexenio 1986-92.

Además el secretario de la Contraloría sostuvo que durante el sexenio que gobernó Chihuahua nunca discutió quién contrató los adeudos porque las deudas públicas "son de la institución y como tales se pagan".

Patricio Martínez reviró, también en Juárez: "Yo no recibí créditos de Banobras firmados por Fernando Baeza; lo que recibí fueron documentos crediticios firmados por Francisco Barrio Terrazas, los cuales estaban mal documentados, muy mal respaldados, mal calculados, mal negociados y, sobre todo, los préstamos no fueron respaldados por el Congreso del estado".

El mandatario añadió que Barrio Terrazas estaba obligado "moralmente" a responder por las condiciones en que contrató esos créditos, y lo desafío a "explicar con documentos en mano qué hizo con los créditos, con algunas inversiones y concesiones que se otorgaron durante su administración, cómo fueron los contratos de licitaciones y convenios, que resultan altamente lesivos a las finanzas del estado".

Le reclamó igualmente que asumiera su responsabilidad como ex gobernador en el problema con Banobras y le cuestionó el papel que juega al frente de la Secodam. "¿De qué se trata? Primero viene y pide prestado, hace mal las cosas, y luego trata de exigir y de presionar al banco, porque me lo ha dicho el banco, que la Contraloría no los deja negociar", aseveró.

Desencuentros con la Federación

En mayo del año pasado, Martínez García desconoció a la delegación de la Sedeso y a su titular, María Teresa Ortuño, a quien hasta la fecha se ha negado a recibir.

Por la falta de diálogo, la delegación de la Sedeso devolvió a la Tesorería federal más de 120 millones de pesos destinados a construir viviendas de interés social, al negarse el Iviech a operar un programa de cinco mil pies de casa, informó Ortuño en noviembre pasado.

Otro conflicto surgió al nombrarse delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Luis Herrera González, figura prominente del panismo radical en Chihuahua.

Martínez García lo llamó talipán, y lo acusó de expresar en su contra "críticas viscerales e insultantes" en editoriales publicados en un periódico local.

En las diferencias del estado con la Federación se inscriben también los reclamos del Ejecutivo estatal por la poca actuación de la Procuraduría General de la República en las investigaciones sobre ejecuciones entre narcotraficantes registradas en el estado; los nexos de la Policía Judicial Federal con el narco y la corrupción en garitas aduanales.

Además el gobernador exigió resultados concretos en la investigación sobre el atentado del que fue víctima, en respuesta al compromiso asumido por el presidente Vicente Fox y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, de ahondar en la línea de investigación que apunta a un complot del crimen organizado como móvil de la agresión en su contra.