León Bendesky

ƑQué hacer?

Nadie sabe qué hacer con Argentina, ni adentro ni afuera. El programa económico que ha aplicado el gobierno de Duhalde no logra estabilizar la situación y el poco control que existe surge de la restricción impuesta sobre los depósitos bancarios desde los últimos días de la gestión de Cavallo como ministro de Economía. Eso equivale a una expropiación del patrimonio de la gente y es poco sostenible. La posición del gobierno es muy débil y no hay condiciones financieras ni sociales para que las cosas cambien de rumbo hacia una mejoría. La desconfianza y el hartazgo de la población con el régimen político son manifiestos y no se cuenta con la mínima dosis de legitimidad para conducir al país.

En Washington, donde residen las principales instituciones financieras internacionales, la situación no es mucho mejor con respecto a cómo enfrentar esta nueva crisis. El récord del FMI y del Banco Mundial en la administración de las crisis en la última década ha sido bastante pobre y sus efectos muy costosos, así fueron los casos del este de Asia, de Rusia y de México. La debacle Argentina tiene, por supuesto, sus propias características, basadas en una estricta política de estabilización de los precios que se desgastó hasta el límite, y un sistema político que ya no resiste más la ineficiencia y la corrupción. La sociedad argentina esta desfondada y ello indica que lo que ocurre va mucho más allá de un problema estrictamente financiero asociado con la incapacidad de pagar las deudas que se han acumulado.

La incapacidad del FMI para intervenir de modo eficaz en la crisis argentina es notable y ello tal vez se deba a que lo que ocurre ahí cuestiona muchos de los principios y de las políticas que esa institución ha promovido y avalado en los países en desarrollo. Para empezar, ésta no parece ser una crisis que pueda enfrentarse sólo con dinero, como ocurrió en México en 1994, dinero que sirve para tender un puente con los acreedores, garantizando los fondos para cubrir las deudas y usando esa base para imponer fuertes programas de ajuste que siempre acaban socializando los costos mediante la gestión presupuestal en un marco de fuertes restricciones fiscales. Hoy en Argentina no hay un paquete de 50 mil millones de dólares disponibles para negociar la deuda, ni un presidente en Estados Unidos dispuesto a usar su poder de acción incluso más allá de las disposiciones del Congreso. Esas "facilidades" que obtuvo México se asociaron con las condiciones generadas por el TLCAN y, directamente, con el salvamento de las inversiones de los fondos de pensiones de aquel país, en eso no debe haber ya confusiones.

El FMI sabe que la única manera de ir superando la crisis es extendiendo los costos sobre la población argentina mediante el ajuste fiscal. La señora Anne Krueger, que es la primera subdirectora de esa institución, cargo técnico de la más alta jerarquía, publicó un artículo (El País, 18/1/02) con un sugerente título en el que pregunta si Ƒdeberían poder declarase en quiebra países como Argentina? La pregunta misma tiene ya varias implicaciones, sobre todo por la manera en que se igualan las responsabilidades individuales de pagar las deudas con aquellas que tienen los gobiernos. Ni las sociedades funcionan con los mismos criterios que las familias ni el comportamiento político es equiparable a la ética individual. Para la señora Krueger estas distinciones no existen, y tanto los que deben como los que prestan deben asumir los costos cuando las cuentas no se pagan, pero no dice nada de cómo se deben distribuir esos costos y es claro que el FMI no es neutral cuando se trata de esa distribución. La premisa del argumento es: "La lección está clara: necesitamos mejores incentivos para reconciliar a deudores y acreedores antes de que unos problemas solucionables se conviertan en auténticas crisis". Para ello enumera una serie de posibles acciones legales similares a los que se usan en los procedimientos de suspensión de pagos de las empresas. Otra vez, la idea consiste en igualar a los países con las empresas y los mecanismos aplicables al derecho mercantil, que no al derecho penal.

La lección que Krueger saca de la crisis argentina es, cuando menos, muy limitada. No dice nada sobre la condiciones de la gestión económica que llevaron a posponer el ajuste cambiario ante las evidencias de que la convertibilidad era insostenible. En esa cuestión tuvo tanta falta el gobierno argentino como el mismo FMI. No dice nada sobre las condiciones políticas que llevaron a la segunda gestión de Domingo Cavallo, quien acabó con el gobierno y con todas las reservas del país en sus ocho meses como ministro, en los que salieron 25 mil millones de dólares bajo su protección, con lo que se estima que los depósitos en el exterior son de un monto equivalente al de la enorme deuda externa por 150 mil millones de dólares. No dice nada de la participación de los bancos privados en la salida de esos capitales y de la forma en que luego han operado en los mercados de capitales, sobre todo en Europa, para ir reponiendo sus pérdidas. No dice nada sobre la forma en que se hicieron las privatizaciones de empresas públicas, que tanto promueve su institución, ni del uso de esos recursos, así como de la manera en que se fijaron los precios de los servicios públicos como los de energía, en dólares y ligados a la inflación de Estados Unidos, mientras en Argentina la tasa de crecimiento de los precios era negativa y con paridad fija. No dice nada, en fin, de la enorme corrupción política que es parte de la crisis financiera, ni del empobrecimiento brutal de la población mientras era evidente la fuerte concentración del ingreso.

Las ausencias en la visión del FMI sobre cómo entender la crisis argentina, cómo participar en su superación y cómo prevenir situaciones como ésta, que son recurrentes y cada vez más profundas, son más relevantes que las propuestas que se hacen. Hay una falta de reconocimiento de que ante la especulación, la carencia de instituciones políticas funcionales y de modos eficaces de rendición de cuentas por parte de los políticos y los empresarios que operan al cobijo del poder, sociedades como las de América Latina están sometidas a seguir padeciendo un lento crecimiento de largo plazo y los efectos adversos de la especulación financiera que promueve el patrón de acumulación del capital que defiende esa misma organización.