Ť En 1995, el entonces procurador militar, Macedo de la Concha, ordenó cerrar el caso

Por irregularidades, reabrirán investigaciones sobre el "suicidio" de un teniente de aviación

Ť El expediente original de la indagatoria, depositado en la CNDH, está desaparecido

JESUS ARANDA

Después de que el entonces procurador militar Rafael Macedo de la Concha diera por cerrado el caso del teniente de aviación José Raúl Vargas Cortés, quien apareció muerto en 1995 en la Base Aérea de Santa Lucía, ayer, por órdenes del secretario de la Defensa, la Procuraduría General de Justicia Militar dio a conocer que se reabrirá el caso, se dará seguimiento a las líneas de investigación que no se siguieron y se castigará a los culpables, en caso de haberlos.

Sin embargo, el expediente original está desaparecido, pues pese a que fue entregado en enero de 1996 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la dependencia reconoció en dos oficios que no lo tiene en su poder.

Siendo Mireille Roccatti la presidenta de la CNDH en 1996, el organismo recibió una denuncia de la madre de José Raúl Vargas Cortés en la que se manifestaba que la justicia militar había concluido que su hijo se había suicidado el 20 de febrero de 1995, pese a una serie de irregularidades que nunca fueron aclaradas.

Siendo procurador militar el general Rafael Macedo de la Concha -actual procurador general de la República-, la dependencia se negó a reabrir el asunto del teniente Cortés por considerar que no había elementos para ello. Sin embargo, al llegar a la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional el general Ricardo Clemente Vega García, ordenó a la procuraduría castrense la reapertura del caso, para determinar si efectivamente hubo errores u omisiones en la indagatoria.

Incluso, la procuraduría militar aceptó la colaboración de la señora Cortés, apoyada por abogadas de Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura.

Sin embargo, después de varios oficios dirigidos por la CNDH a la procuraduría militar en los que negó tener el expediente original del asunto, la propia autoridad militar difundió un oficio con fecha 20 de marzo de 1996, en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió la documentación. A decir de la señora Cortés, el expediente original es fundamental para continuar la indagación y demostrar que su hijo fue asesinado en la Base Aérea de Santa Lucía y que al no aparecer dicha documentación se pone en riesgo la investigación.

Por ello, sostuvo, presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable de los hechos, máxime cuando las autoridades militares reiniciaron los interrogatorios del personal que trabajó en la base aérea cuando ocurrieron los acontecimientos y que podría aportar información adicional sobre el caso.

Entre las irregularidades que fueron ignoradas por la justicia militar durante seis años destacan que el arma con la que supuestamente se suicidó José Raúl Vargas Cortés no era suya; el médico criminólogo de la CNDH señaló que el cuerpo fue cambiado de lugar y presentaba huellas de forcejeo; después de su muerte catearon su casa y se llevaron objetos personales; la madre del occiso nunca ha tenido acceso a la averiguación previa a pesar de las múltiples solicitudes; en el acta ministerial y en la de defunción se asienta que murió en el trayecto al hospital, mientras que las autoridades militares aseguran que murió de inmediato a causa de una herida de bala; la necropsia reveló que tenía fractura en el cráneo.

La denunciante pide se investigue al general Juan Arturo Villasaña Castillo -entonces comandante de la Base Aérea de Santa Lucía-, y al entonces teniente coronel Enrique Nonato Jaén.