Ť Pretenden apropiarse de recursos energéticos, basados en la privatización, señala

Trasnacionales, detrás de la guerra en Chiapas: DESMI

Ť La organización civil afirma que el cerco militar ha creado condiciones de deterioro

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 20 de enero. "Es evidente que la guerra que se vive en Chiapas está basada en los intereses económicos de las trasnacionales. Desde el TLC con Estados Unidos y Canadá están previstos los mecanismos para la apropiación de energéticos, fundamentados en el proceso de privatización y en los condicionamientos de la política agraria", afirma la organización civil Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), que lleva más de 30 años trabajando en las zonas indígenas de la entidad.

Entre otros documentos e informes del organismo que aparecen en el libro Si uno come, que coman todos, presentado aquí esta semana, Desmi da a conocer un diagnóstico de la situación de guerra que viven las comunidades: "Desde 1992 la modificación del artículo 27 de la Constitución puso las bases para la privatización de las tierras ejidales y comunales... como parte de la política privatizadora del Estado a favor del modelo económico neoliberal."

La Declaración de la Selva Lacandona del EZLN (1994) "se refiere a esta situación de muerte, porque en dicho modelo no existen posibilidades de una vida digna para los campesinos y los indígenas de todo el país", agrega el análisis.

"Como parte de esta guerra se da la destrucción de la estructura productiva de las comunidades, para quitarles fuerza y capacidad de resistencia. Los recursos que se deberían destinar al desarrollo del campo, a inversiones de infraestructura productiva, se dedican primordialmente al sostenimiento de las fuerzas armadas y a los grupos paramilitares", agrega.

Desmi, vinculada desde sus orígenes a la orientación innovadora de la diócesis católica de San Cristóbal (la "opción preferencial por los pobres" impulsada por el obispo Samuel Ruiz García), trabaja desde 1969 en los Altos, norte y sur del estado -Ocosingo, Altamirano, Chilón, Sabanilla, Tila, San Andrés, Chenalhó, El Bosque y otros municipios.

Bajo el concepto de economía solidaria, que propone la construcción de alternativas propias de los pueblos y comunidades ante la imposición del modelo capitalista neoliberal, a lo largo de tres décadas este organismo independiente ha participado en proyectos educativos, de salud, agua potable, organización de mujeres, producción agrícola, comercialización de productos y artesanías, así como una permanente reflexión colectiva en 240 comunidades chiapanecas.

El apartado "La guerra y la paz" (de Si uno come, que coman todos. Economía solidaria, Alma Cecilia Omaña Reyes y Jorge Santiago Santiago, Desmi AC, agosto de 2001, 215 pp.) señala: "una vez que se ha establecido una situación de inestabilidad, de persecución y de miedo (sobre todo después de los desmantelamientos de los municipios autónomos y la masacre de Acteal), se proponen los programas de inversión social, que se convierten en un elemento más de la misma guerra porque operan para desmantelar la voluntad política de las comunidades y su capacidad organizativa.

"Son las fuerzas armadas las que toman iniciativas sociales, suplantando a las instituciones civiles y, sobre todo, a las comunidades, que por otro lado estaban dispuestas a trabajar organizadamente en un proceso de autodeterminación y autonomía."

Las reservas del caso

Si bien Desmi expresa optimismo ante el cambio de gobierno en Chiapas, no omite sus reservas, después de siete años de militarización sostenida. "En este contexto de guerra es difícil interpretar las acciones del Estado: los proyectos de inversión de ciertas zonas, la apertura de carreteras y aeropuertos. Los intereses estratégicos del Estado son fundamentales para interpretar los planes de desarrollo y la entrega de recursos a las comunidades."

Agrega: "existe un uso contrainsurgente de los recursos económicos. Se premia la deserción y se insiste más en el hecho del abandono de la organización que en la acción de desarrollo. Durante los últimos años la situación ha empeorado; la pobreza se ha multiplicado; la guerra ha establecido un proceso de empobrecimiento".

Además de la situación estructural, se suma el miedo. "El cerco militar ha creado condiciones de deterioro de la vida de las comunidades, han crecido los vicios, la prostitución y las enfermedades. La contaminación es severa en algunas zonas por el uso que se hace de los ríos para los desechos de los campamentos militares, en zonas donde la población civil tenía un orden y reglamento para su uso, como lavar la ropa y bañarse.

"Los campamentos se adueñan de los recursos estratégicos para la sobrevivencia: fuentes de agua, bosques, manantiales, caminos y otras vías de comunicación", indica.

Con relación al trunco proceso de paz, Desmi considera clave el principio de justicia, que con los acuerdos de San Andrés (1996) establece la necesidad de "reconocer el valor de la palabra dada". Invocando la obligatoriedad para el Estado mexicano del Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas, y otros compromisos internacionales que son "ley suprema de la Unión, en términos constitucionales", el organismo civil considera que la paz requiere la participación de la sociedad como sujeto de su propio desarrollo.

"Como parte de la lucha por la justicia se ha llegado a la concepción de la autodeterminación y el derecho a la autonomía. Un ejercicio de resistencia cultural, pero también una apropiación del derecho a existir como pueblos, participando en la construcción de la sociedad. Un grito contra la negación y contra el olvido, y una exigencia para crear una propuesta dentro de una nación pluriétnica y pluricultural, asumiendo la situación de marginación y dependencia como reto a vencer, construyendo alternativas propias; no en el esquema de una continuidad con el modelo de sociedad impuesto y colonial, sino en el que toma elementos de la identidad cultural y de la participación de todos."

Lo que niega la guerra, determina el análisis de DESMI, es el reconocimiento del derecho a luchar, a ejercer la autodeterminación y establecer relaciones justas; que sea reconocido, en fin, el "derecho a existir" de estos pueblos.