ASTILLERO

Julio Hernández López

EL VIERNES DE LA semana pasada, Ciudad Juárez tuvo visitantes de lujo: el procurador general de Justicia, Rafael Macedo de la Concha; la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, y el coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, Eduardo Sojo, quienes acompañaron al secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, a una reunión de claros -y polémicos- significados políticos.

LA PRESENCIA DE ESAS ilustres figuras de la administración foxista no se debía, como cualquiera podría suponer, a la disposición de dar a conocer adelantos o buenas noticias en algunos de los puntos que más escozor causan en la entidad, como el imparable asesinato de mujeres o el primer aniversario del atentado contra el gobernador priísta, Patricio Martínez, ni tampoco respecto al problema de los predios del estatal Instituto de la Vivienda, que han sido embargados a favor de Banobras a causa de un endeudamiento que ha enfrentado en términos inusuales a los gobiernos federal y de la entidad.

NADA DE ESO. El contralor Barrio Terrazas y sus amigos de gabinete fueron a la urbe fronteriza a una reunión convocada por la Coparmex, y lo hicieron con tal tino político que levantaron una nube de escándalo que está afectando al ex gobernador chihuahuense justamente cuando más necesita de autoridad moral y respeto profesional para cumplir con el encargo presidencial pesquero de aprovisionar de ejemplares gordos a la opinión pública, sobre todo en el obviamente politizado caso de la desviación de recursos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida.

RESULTA QUE, PARA empezar, los cuatro importantes funcionarios cometieron la tremenda descortesía federalista de no invitar a la reunión ni al gobernador Martínez ni al presidente del concejo municipal, José Reyes Ferriz (quien administra la ciudad en espera de los comicios extraordinarios que habrá en mayo, convocados luego que la autoridad correspondiente anuló las elecciones ordinarias, debido a los vicios y excesos cometidos por Gustavo Elizondo, el panista que entonces ocupaba la presidencia municipal y que reprodujo, desde el bando blanquiazul, buena parte de los vicios que antes esa facción criticaba al PRI).

LA AUSENCIA DE LOS gobernantes de origen priísta, y la abundancia de personajes de la clase política chihuahuense blanquiazul, generaron de inmediato la percepción de que se estaba en presencia de un acto partidista de índole electoral. Ese día, por si alguna duda hubiera, fue instalada la Asamblea Municipal Electoral que organizará los estratégicos comicios extraordinarios de mayo en esa ciudad fronteriza. Un día antes, en otro lance partidista al que el empresarial-foxista parecía dar respuesta, el gobernador Martínez fue visitado en la capital del estado por tres gobernadores de origen tricolor y por los dos aspirantes a la presidencia nacional de ese partido, Beatriz Paredes y Roberto Madrazo, quienes de esa manera se solidarizaron con el mandatario anfitrión, al cumplirse un año de que fue herido de bala en la cabeza por una ex policía cuyo actuar, hasta la fecha, no se sabe si fue movido por decisiones solitarias o en coordinación con cárteles policiacos o del narcotráfico (dado que estaba de paso en Juárez, el general procurador de Justicia, Macedo de la Concha, se permitió decir que se estudian pistas sobre el atentado relacionadas con Colombia).

LOS APETITOS DEL contralor Barrio respecto a la política de su entidad fueron nuevamente manifestados, para su desgracia, en un momento inoportuno (a menos que la politización y la partidización sean caminos intencionalmente buscados por él). Chihuahua se ha enzarzado con la federación (sobre todo con Francisco Gil, de Hacienda, y Tomás Ruiz, de Banobras, priístas ambos, quienes, desde luego, no se mandan solos) en un pleito que tiene como base el adeudo de unos 430 millones de pesos que a decir del actual gobernador, Martínez, le heredó su antecesor, Barrio. Por tales divergencias han sido embargados bienes inmuebles y diez cuentas bancarias del Instituto de la Vivienda del gobierno chihuahuense.

DE VISITA EN esos hervores, Barrio fue requerido por la prensa local para que aclarara si los adeudos eran de su administración. El contralor se defendió: los adeudos habrían sido contratados por el priísta Fernando Baeza. En cuanto supo la respuesta, Martínez reviró: "yo no recibí créditos de Banobras firmados por Baeza, sino unos papeles firmados por Barrio, o por la administración de él. Pero muy mal documentados, muy mal respaldados, y sobre todo muy mal calculados y mal negociados". Y la cereza del pastel: "no fueron autorizados por el Congreso".

EL GOLPETEO PRIISTA contra Barrio será de mucha utilidad a quienes quieran defender a Francisco Labastida, Rogelio Montemayor, Carlos Romero Deschamps y otros peces priístas a los que el contralor investiga por la transferencia de más de mil millones de pesos de Pemex a la tesorería del PRI, con el sindicato petrolero como intermediario. Fuerza y apoyo necesita Barrio para librar una lucha de esas dimensiones. Ya el simple hecho de airear los espacios de Pemex es un avance. Pero tales intenciones aparecen teñidas de intencionalidad política por el momento en que se producen, que es justamente cuando se desarrollan las campañas internas del PRI. Por si ello fuera poco, el propio funcionario desgasta su capital con viajes como el juarense, y se coloca en terreno propicio para revires como el hecho ayer por la encargada de la presidencia nacional priísta, Dulce María Sauri, quien considera que las indagaciones del contralor tienen dedicatorias políticas personales y buscan debilitar al "nacionalismo" para entregar Pemex al extranjero.

OTRO PUNTO POLEMICO es el hecho de que, al dar a conocer en estos momentos las sospechas respecto a Labastida y Montemayor, el foxismo golpea a la planilla de Beatriz Paredes y Javier Guerrero, y favorece a los aliados y amigos Madrazo y Gordillo. Clarísimo está que el labastidismo está tras Paredes, pero el golpe contra Montemayor podría afectar también a su compañero de fórmula, Guerrero, pues al hurgar las pillerías de Rogelio se podría llegar a Coahuila, donde éste dejó tal desorden financiero y administrativo (busque en la sección amarilla: corrupción) que cuando tomó posesión el secretario de finanzas nombrado por Enrique Martínez y Martínez apenas duró un par de días en el cargo antes de renunciar ante el batidillo encontrado. Al relevo entró Javier Guerrero, quien parece no haberse topado con el mismo espanto que provocó la estampida de su efímero antecesor en las finanzas estatales.

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