La tercera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México inició la investigación por la presunta intromisión irregular de funcionarios de la Procuraduría Social (Prosoc) para la entrega de la constancia al nuevo administrador de la unidad habitacional Villa Olímpica, ante la queja interpuesta por un grupo de condóminos.

La querella fue levantada por habitantes del conjunto habitacional ante el organismo defensor de derechos humanos el pasado 21 de agosto, cuando eligieron a Ardavín Cano Ramírez nuevo administrador; sin embargo, este proceso no se ha podido concretar porque “la Prosoc ha incurrido en irregularidades al negarle el registro”.

Además, la procuraduría desconoció la decisión de la mayoría de condóminos que decidieron hacer el cambio de administración en una asamblea, avalado por alrededor de 300 personas que votaron.

Los quejosos señalan que personal de la Prosoc asesoró a los integrantes del comité de vigilancia para que no se hiciera la entrega del contrato que se debe llevar a cabo para formalizar la designación como administrador y así seguir con el proceso legal para asumir el cargo.

En la queja, los vecinos acusaron directamente al procurador Vladimir Aguilar de no respetar los acuerdos que se tomaron en las mesas de trabajo que se realizaron y convocar a la asamblea de ayer, que se efectuó bajo un fuerte dispositivo de seguridad con la participación de policías capitalinos.

Ante los señalamientos y tras la valoración preliminar, la CDH decidió abrir el expediente ante “posibles violaciones al derecho a la seguridad jurídica, posiblemente imputables a personas servidoras públicas de la Procuraduría Social de la Ciudad de México”.

Sobre la presencia policiaca y de personal de la Prosoc, que envió a cinco personas, los vecinos calificaron de excesiva la representación oficial.

También acudió una visitadora de la CDH como parte del seguimiento que se hace tras empezar la investigación. En todos los casos su estadía sólo fue como parte del equipo de observadores.