Repartidores de entrega de alimentos y paquetería lamentaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aprobar el impuesto de 2 por ciento a dichas empresas al considerar que representa un “grave golpe” a la economía popular y de sus familias; mientras plataformas digitales lo calificaron de “regresivo” y que afectará a trabajadores, negocios y consumidores:

Alrededor de 200 integrantes de Repartidores Unidos de México (RUM) se manifestaron alrededor de tres horas afuera del máximo tribunal, donde lanzaron consignas como: “¡Fuera Lenia, fuera Lenia!”, al enterarse de que el pleno aprobó el proyecto de esa ministra que declaró constitucional el cobro fijado en 2022 por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La organización reprochó que hayan sido engañados, pues aun cuando el 9 de octubre pasado fueron recibidos por los ministros Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, Loreta Ortiz, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías, con la promesa de escuchar los argumentos de los repartidores, votaron a favor.

Los inconformes manifestaron su temor de que las compañías trasladen los costos a sus ingresos mediante una mayor carga tributaria, e incluso a los consumidores. El pago por obligaciones fiscales, añadieron, ascenderá a 14.6 por ciento, a lo que se suman los costos operativos por el mantenimiento de sus vehículos, gasolina, licencia para conducir y tenencia.

La Alianza In, que representa a las empresas digitales, manifestó que “la medida tendrá un impacto importante y regresivo en el ecosistema de plataformas del que dependen miles de personas, da un trato fiscal discriminatorio y pone en duda el cumplimiento de México de sus compromisos comerciales internacionales”.

Manifestó que la economía digital en este momento tiene impactos positivos sobre el crecimiento económico “y en las oportunidades de desarrollo”, al tiempo de ser la expresión económica del ambiente de innovación e inclusión que se genera con la tecnología.

Sin embargo, agregó, “este impuesto es una barrera al crecimiento y un desincentivo a la innovación, además de generar un efecto sistémico preocupante en otras entidades federativas”.