La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) sostuvo que la decisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de autorizar que pilotos extranjeros operen aviones de Volaris “viola la Ley de Aviación Civil, ignora la normativa vigente y contraviene el principio constitucional que establece que las aeronaves mexicanas deben ser tripuladas exclusivamente por pilotos mexicanos de nacimiento.

Esto también desacata la circular obligatoria que regula las reglas técnicas para el arrendamiento de aeronaves. “La determinación de la SICT representa una falla grave en su responsabilidad regulatoria, compromete la soberanía aérea del país, abre la puerta al cabotaje encubierto y afecta directamente los derechos laborales de los pilotos mexicanos. Se trata de un precedente injustificable que pone en entredicho la integridad del marco jurídico aeronáutico”.

El sindicato exhortó a la autoridad a intervenir de manera inmediata, “revocar esta autorización irregular y restablecer el cumplimiento estricto del marco legal que protege el espacio aéreo nacional, la seguridad operacional y el empleo de miles de pilotos mexicanos”.

Por separado, el Colegio de Pilotos Aviadores de México también expresó su preocupación ante la autorización para que esa aerolínea opere vuelos nacionales con tripulación extranjera del 1º de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026.

Afirmó que México sí tiene pilotos, profesionistas mexicanos, certificados y listos para volar. “No existe justificación técnica ni legal para remplazarlos con extranjeros. Además, esta autorización contradice la política nacional de defensa de la soberanía impulsada por la actual administración y se opone al compromiso presidencial de generar 100 mil empleos al año”.

Expuso que la conectividad del país es importante, pero no se debe intentar garantizar “violando la Constitución. Si una aerolínea sólo puede cumplir sus compromisos rompiendo la ley, el problema no es la ley, es la administración de la aerolínea, lo que pone en riesgo el trabajo de los pilotos mexicanos”.

Indicó que el Estado debe garantizar la correcta aplicación de la concesión bajo el marco legal: “exigimos a la SICT que ejerza su obligación para corregir esta irregularidad”.