La sanciones “unilaterales” de Estados Unidos contra Cuba “no cumplen con un amplio conjunto de normas jurídicas internacionales y se imponen para ejercer presión sobre un Estado a fin de excluir a la isla de la cooperación internacional”, afirmó la relatora especial de Naciones Unidas Alena Douhan.

En sus conclusiones preliminares de un informe que presentará en los próximos meses sobre la misión de realizó a esa nación para verificar la situación a raíz de las acciones impuestas por Washington, la diplomática remarcó que éstas “no pueden justificarse como contramedidas bajo el derecho internacional de la responsabilidad del Estado y, por tanto, constituyen medidas coercitivas unilaterales repetidamente condenadas en resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU”.

En el reporte preparatorio se hace un balance de las consecuencias negativas e impactos que ha tenido para la población cubana el bloqueo económico, la inclusión de Cuba en la lista de los supuestos estados “patrocinadores del terrorismo”, las sanciones a funcionarios de países que mantienen acuerdos con el gobierno revolucionario para mantener las brigadas de médicos y las sanciones aplicadas a cualquier transacción con la isla, entre otras.

Todo eso “han exacerbado sustancialmente la situación humanitaria, la cual ya se encontraba afectada por la crisis económica, desastres naturales, el covid-19 y otros desafíos internos. Estas sanciones han sido diseñadas para impedir que Cuba obtenga ingresos económicos, especialmente en divisas”.

Informe va para largo

Douhan realizó una misión a la isla del 11 al 21 de noviembre para evaluar el impacto de las penas unilaterales de Estados Unidos en el disfrute de los derechos humanos de quienes viven allí y de cualquier otra persona afectada. Presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026.

Otra de las conclusiones preliminares es que “las sanciones aplicadas a cualquier transacción con Cuba –tanto en línea como fuera–, en especial aquellas realizadas en dólares estadunidenses, la designación de bancos cubanos, hoteles, agencias de turismo, empresas industriales, aeronaves y embarcaciones (incluidas las de terceros países), así como la prohibición a los barcos de entrar en puertos estadunidenses hasta 180 días después de visitar la isla, han provocado un déficit crítico de ingresos estatales, hiperinflación, creciente pobreza e insuficiencia de recursos para garantizar necesidades básicas de la población, afectando de forma devastadora a los grupos vulnerables”.

Agregó que el supuesto “estado de emergencia nacional” declarado por la Casa Blanca en 1996 como fundamento para fortalecer las sanciones contra la isla, el cual se prorrogó por última vez en febrero pasado, ya bajo la administración de Donald Trump, “no cumple con los requisitos del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, elaborados en la Observación General 29 (2001) del Consejo de Derechos Humanos” del organismo multilateral.

Enfatizó que reincorporar a Cuba a la “lista de patrocinadores de terrorismo” de Washington y las campañas de “máxima presión, amenazas a terceros, empresas e individuos contravienen el principio de igualdad soberana de los estados, la prohibición de intervenir en los asuntos internos de las naciones, los principios de solución pacífica de controversias y la cooperación de buena fe, los cuales constituyen normas imperativas del derecho internacional”.

En el documento, se asentó que “las medidas coercitivas” han impactado en la economía, los derechos humanos, el turismo, el envío de divisas, la salud, la ciencia, la educación, la energía, el transporte y otras áreas que afectan a la población.