Más de 200 organizaciones, colectivos de búsqueda y víctimas expresaron su preocupación y su “más enérgica condena” ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló desaparecer el fondo mínimo para la reparación integral y atención a víctimas del delito.

El martes pasado, el máximo tribunal del país rechazó declarar inconstitucional la reforma de 2020 a la fracción 1 del artículo 132 de la Ley General de Víctimas, que eliminó la garantía de un recurso mínimo para la atención a víctimas.