La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, dijo que en los primeros tres años al frente de la dependencia cesó a más de un centenar de servidores públicos por conductas irregulares.

Ante un grupo de empresarios, contó que al asumir el cargo hace más de seis años debió iniciar cambios, no sólo para privilegiar la prevención sobre la emergencia, como instruyó la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, sino en su denominación al enterarse de que en ese momento a la Secretaría de Protección Civil se le llamaba “de extorsión civil”.

Refirió que el primer año, en el primer mes, fueron cesadas 79 personas, 28 el segundo año, 12 al tercero “y después los demás pusieron sus barbas a remojar. Se acabó, y saben que quien sea encontrado haciendo un acto irregular será sancionado, y pedimos especialmente a las empresas que nos avisen, en ese momento personal sale de forma inmediata”.

Urzúa asumió el cargo en 2018 al concluir el gobierno de Miguel Ángel Mancera, quien tuvo al frente de la dependencia a Fausto Lugo.

Señaló que para dignificar a la dependencia se tenía que trabajar bien e inició su profesionalización. Hoy, dijo, más de 80 por ciento son profesionales en gestión de riesgos. Se tuvo que ir a las universidades, a las facultades de arquitectura e ingeniería a buscar a jóvenes “que se han puesto la camiseta y saben lo que significa ser un servidor público, ser una persona honesta, hacer su trabajo en lo que le corresponde y ser profesional”.

Instó a revisar los programas internos de protección civil que registren. Explicó que la dependencia lo sube a la plataforma y tiene la obligación, en forma aleatoria, de revisarlos, “y muchas veces tenemos problemas con responsables oficiales que meten la foto de la abuelita en vez de un permiso de uso de suelo, eso lo hemos visto y hemos cancelado los registros” de dichos consultores.

Recordó el caso del Colegio Williams, donde un menor falleció ahogado en 2022 en una clase de natación, mientras que su programa no mencionaba que había piscina, lo que significó una multa millonaria para el colegio, y al responsable oficial de protección civil le costó su registro y una multa, además de una acusación penal.