Chalco, Méx., La jueza Karen Reyes Guadarrama rechazó otorgar la prisión domiciliaria a Carlota N, septuagenaria bajo proceso por el delito de homicidio, a pesar de su edad y sus padecimientos crónico-degenerativos, con el argumento de que podría darse a la fuga y porque no se acreditó el parentesco del propietario de la casa de arraigo con la imputada.

Carlota N, de 73 años y con diabetes, permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal de Chalco por el asesinato de dos personas que invadieron la vivienda de una de sus hijas en abril pasado.

La audiencia, que duró seis horas, se realizó en los juzgados del penal estatal, donde se dio un debate entre la defensa y la Fiscalía estatal, quien argumentó el riesgo de evasión.

Lo anterior pese a que sus abogados presentaron más de 70 evidencias para demostrar que la adulta mayor padece diabetes tipo 2 y ha tenido complicaciones de salud a partir de su reclusión.

La jueza escuchó los alegatos de las partes y determinó que no podía garantizarse el arraigo porque uno de los peticionarios no pudo comprobar el parentesco legal con la acusada y la vivienda en el caso no es de un familiar directo de la mujer de la tercera edad.

Y es que se presentó como prueba el acta de nacimiento de Odín, uno de los hijos de Carlota, pero el documento no llevaba el nombre completo de la madre.

“No se puede dar el arraigo en una vivienda que no es de su descendiente directo”, concluyó Reyes Guadarrama.

Al salir de la audiencia, Arturo Santana Alfaro, otro hijo de la mujer, lamentó la decisión de la juzgadora y consideró que se ha generado una cortina de humo en contra de su familia.

“Se vulneran los derechos por línea gubernamental, pero seguiremos por la vía legal hasta lograr el cambio de medida cautelar”, adelantó. “Es lamentable para mi madre, aunque su estado de salud estuvo totalmente acreditado y no sé qué quería la juez.”

Criticó que la togada sea quien determine quiénes son hijos de Carlota y quiénes no, y sobre todo que la fiscalía ya hizo a su progenitora una experta en el manejo de armas de fuego. Consideró incorrecto el criterio de evasión. “Si mi mamá se hubiera querido ir, tuvo 24 horas para evadirse de la acción de la justicia y no fue así”.

Insistió en que su progenitora está muy vulnerable. “No quiero verme fatalista, pero el Estado puede matar a mi madre”.

Jueza rechaza evidencias

Afirmó que la juzgadora rechazó las evidencias a pesar de que se presentaron 52 recetas médicas y un documento firmado “por una autoridad oficial del orden federal”.

Santana Alfaro informó que van a analizar si apelan la decisión o recurren al amparo ante un juez federal.

Semanas después de que Carlota N, junto con sus hijos Eduardo y Mariana agredieron con arma de fuego a los invasores de su vivienda, la Fiscalía General de Justicia del estado de México reconoció que la casa en disputa sí es propiedad de Mariana y fue ocupada por integrantes del sindicato 22 de Octubre, organización dedicada al despojo de inmuebles que opera en los municipios de Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chalco.

Durante las seis horas que duró la audiencia, afuera de los juzgados se mantuvo una protesta de familiares, amigos y vecinos de doña Carlota N, así como víctimas de despojo que ven a la septuagenaria como una heroína, pues consideraron que su valentía destapó la cloaca y la impunidad con respecto al delito de despojo en la entidad mexiquense.

La mayoría de los manifestantes eran de la tercera edad, como Manuel González García, de 81 años, quien con pancartas acudió en apoyo de Carlota N.

Al vecino de la colonia Culturas de México lo despojó su propia hija. “No me deja entrar. Ahora me la voy llevando con un hijo y con otro”, narró.