El gobierno de México rechazó las afirmaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) en el sentido de que existen “indicios de que en el país esa práctica es generalizada y sistemática”.

En nombre de la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) remarcó que las afirmaciones del CED “carecen de sustento y no son admisibles”, además de remarcar que este “fenómeno” está vinculado principalmente con la delincuencia organizada.

Refirió que “se implementa una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, al tiempo que se avanza y robustece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”.

El martes pasado, durante la vigésima sesión plenaria de la tercera comisión de la Asamblea General de la ONU realizada ayer en Nueva York, el relator del CED, Juan Pablo Albán, presentó su informe anual de actividades y explicó que en abril pasado empezó a aplicarse en México el mecanismo para investigar las desapariciones, conforme al artículo 34 de la convención en la materia.

El mismo martes, ante la plenaria, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, reafirmó el compromiso del país con el diálogo y la cooperación y subrayó que el mecanismo del artículo 34 “debe reservarse a situaciones excepcionales”.

La cancillería señaló que la desaparición de personas “es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”.