n días recientes, diversos sectores universitarios han alzado la voz frente a una serie de acontecimientos que han sacudido a la comunidad de la UNAM. Más allá de los hechos puntuales, lo que se vive es expresión de una crisis estructural que se ha gestado durante décadas y que cada vez se manifiesta con mayor crudeza.
Uno de los objetivos de las intervenciones públicas recientes ha sido contrarrestar la descalificación y la satanización de estudiantes y docentes que han criticado a la administración universitaria o que han exigido acciones concretas frente a temas como la violencia en los planteles, el abandono institucional o el genocidio en Palestina. Entre estas expresiones públicas destaca la carta de más de 700 universitarias: Reflexión profunda y voluntad de cambio para encarar la crisis en la UNAM (ver texto de la carta y firmas en https://www.reflexionycambiounam.org). Las personas firmantes de este texto buscamos superar la polarización, proponer la apertura de espacios para el análisis serio de los problemas de la UNAM y promover cambios sustantivos que fortalezcan a la universidad.
La crisis actual muestra que la violencia y la inseguridad que se viven en la UNAM no son fenómenos aislados ni exclusivos de la universidad, pero sí revelan una atención institucional deficiente. Casos como el asesinato de Jesús Israel en CCH Sur, o la violencia recurrente en CCH Naucalpan, dan muestra de respuestas tardías, superficiales y burocráticas. Se recurre a medidas de control –detectores de metales, rehiletes o accesos biométricos– o acciones necesarias como la ampliación de programas de salud mental. Algunas de estas iniciativas son positivas, pero tienen un alcance limitado y siguen sin atender las causas profundas de los problemas. La seguridad no puede abordarse únicamente desde la lógica del control físico; requiere una comprensión integral de las condiciones sociales, culturales y políticas que atraviesan a la comunidad universitaria.
Entre éstas es importante señalar que, desde hace décadas, las y los estudiantes han dejado de ser el centro de las preocupaciones de las autoridades universitarias. Esto responde, al menos, a dos factores. Por un lado, a políticas de control y silenciamiento, que buscan mantener a las comunidades estudiantiles desorganizadas, bajo vigilancia y sin capacidad de incidencia. Por otro, a un desequilibrio institucional, que privilegia la investigación como actividad prioritaria, relegando la docencia, la vida estudiantil y el vínculo social.
La universidad ha sido concebida por muchos como un gran centro de investigación, lo cual ha desplazado su función formativa y su papel como espacio de construcción democrática. Esta visión ha contribuido a una desconexión con las realidades que viven estudiantes, trabajadores y docentes en los distintos planteles. La fragmentación institucional y la falta de mecanismos efectivos de participación han debilitado el tejido universitario.
Las autoridades universitarias, en sus distintas expresiones, han mostrado una actitud pasiva y evasiva frente a los problemas. La falta de posicionamientos claros, de respuestas contundentes y de voluntad para dialogar con las comunidades ha profundizado el malestar. En lugar de enfrentar la complejidad, se opta por la simplificación y el silencio. La omisión frente a los conflictos no es neutral: reproduce las condiciones que los originan y los agrava.
Los movimientos estudiantiles actuales son distintos a los del pasado. Hay menos experiencia organizativa, menos politización, y los pliegos de demandas suelen ser ambiguos o fragmentados. Sin embargo, expresan los sentires legítimos de comunidades que enfrentan abandono, precariedad y violencia. En medio de esa complejidad, es necesario dialogar, entender y buscar soluciones. La descalificación fácil sólo polariza y bloquea cualquier posibilidad de transformación. La universidad debe ser capaz de escuchar sobre todo cuando las voces son disonantes o confrontativas.
La UNAM necesita una revisión profunda de su modelo institucional. No se trata sólo de atender casos individuales, sino de reconocer que existe una crisis estructural que afecta a todos los sectores. La universidad pública debe recuperar su vocación formativa, crítica y democrática. Y para ello, es indispensable escuchar, entender y actuar con responsabilidad, sensibilidad y visión de futuro.
