El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la sanción a las empresas Grupo de Seguridad Privada Pryse de México y Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, por lo que continuarán inhabilitadas para participar en contratos públicos.

Así lo dio a conocer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) en una circular publicada en la edición de ayer del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se detalló que la primera firma tiene una inhabilitación de un año y medio, mientras la segunda por 15 meses.

Las dos compañías habían solicitado la suspensión definitiva de las sanciones que les impuso el área de responsabilidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en septiembre pasado –no se detallaron las razones–, pero la sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves del TFJA rechazó su petición.

Grupo de Seguridad Privada Pryse de México fue una de las empresas involucradas en la polémica que en junio pasado derivó en el cierre de varios recintos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Junto con otras dos firmas, esta compañía resultó ganadora de la licitación pública federal que el instituto resolvió el 30 de mayo para la vigilancia de sus recintos.

Pryse se haría cargo de los espacios en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas; sin embargo, la protesta de trabajadores por la falta de personal de seguridad provocó el cierre temporal de museos emblemáticos como el Nacional de Antropología, el del Templo Mayor y el Castillo de Chapultepec.

Con la ratificación de las sanciones, difundidas en el DOF, las dos empresas quedarán impedidas por el tiempo impuesto por la SABG de celebrar contratos u otro tipo de colaboraciones con dependencias de la administración pública federal, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, por lo que se exhortó a esas instancias “abstenerse de aceptar propuestas y/o celebrar contratos con las aludidas empresas”.

El TFJA argumentó que otorgar la suspensión definitiva hubiera afectado el interés social y público, ya que el Estado debe garantizar que los servicios se contraten con empresas que cumplan los principios de legalidad y honradez en el servicio público.