Santiago. Chile conmemora hoy el sexto aniversario del estallido social que comenzó la noche de aquel día de 2019, cuando una protesta estudiantil en rechazo al alza en el pasaje del metro de Santiago se convirtió en un levantamiento de millones de personas que sólo la cuarentena forzosa del covid-19 pudo aplacar.

A los estudiantes se sumaron centenares de organizaciones con intereses diversos, cuyas demandas interpelaban a la clase política y al abuso cotidiano que el mercantilismo imperante, junto a un Estado incompetente, cometían en todo ámbito de la vida de las personas.

Aquello sigue sucediendo: anteayer se conoció que las empresas eléctricas llevan ocho años cobrando una tarifa más cara de lo que corresponde, porque el órgano estatal que fija los precios cometió un error de cálculo. Y si bien es el regulador el que falló sistemáticamente, es imposible, dicen analistas, que las eléctricas no lo detectaran, porque sus expertos revisan de forma exhaustiva el decreto tarifario semestral.

Si la movilización en 2019 pareció que impulsaba al país hacia un destino distinto del neoliberalismo, instalado por la dictadura de Augusto Pinochet, y afianzado desde 1990 por 30 años de gobiernos democráticos, hoy Chile se mueve en un rumbo más bien retrógrado.

Las reivindicaciones que caracterizaron ese día fueron remplazadas por la exigencia de seguridad pública por miedo a ser víctimas de la delincuencia y la cuasixenofobia contra cientos de miles de migrantes que ingresaron ilegalmente al país, percibidos como catalizadores de una ola delictiva caracterizada por la violencia.

Elecciones en puerta

El aniversario del 18-O ocurre restando un mes para la elección presidencial y legislativa del 16 de noviembre, cuya campaña transcurre capturada por aquellos temas.

El principal candidato ultraderechista, el republicano José Antonio Kast, enfatiza que su “plan Implacable será una declaración de guerra contra el crimen organizado”, con cárceles ultraseguras, endurecimiento de penas y envío de militares y policías a zonas críticas. Promete clausurar la frontera con Perú y Bolivia instalando muros, zanjas y cercos perimetrales, deportar a miles y hacer un “gobierno de emergencia”.

Su principal asesor tilda de “parásitos” a los empleados públicos, mientras que otro promete que despedirán a 100 mil. Interpelado, Kast es incapaz de precisar cuáles serán los despedidos y tampoco cómo hará para cortar 6 mil millones de dólares en gasto fiscal en los primeros 18 meses de su eventual gobierno, según se comprometió.

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