En una ríspida sesión, desarrollada a momentos a gritos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron anoche el dictamen de reforma a la Ley de Amparo, que –explicaron Morena y sus aliados– impedirá que jueces otorguen suspensiones en litigios fiscales, delitos de delincuencia organizada o para frenar políticas públicas u obras de infraestructura.

No obstante, la oposición destacó que con los nuevos requisitos para demostrar el interés legítimo, en casos de defensa de derechos colectivos dejará sin posibilidad de amparo causas ambientales, sociales, indígenas o de personas de la diversidad sexual, pues ahora tendrían que demostrar una afectación y un beneficio reales.

El dictamen, que suprime el polémico artículo transitorio del Senado, que daba retroactividad a la ley, se aprobó por 26 votos en favor, cinco en contra y una abstención en la Comisión de Justicia, así como 30 en favor y seis en contra en la de Hacienda. Se envió al pleno, donde se prevé su aprobación este martes.

Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y diputada federal de Morena, presentó una amplia observación de los efectos negativos de la redacción y propuso ajustes.

Explicó que “el interés legítimo es un concepto indeterminado, cuya existencia pondera y valora el juez en cada caso concreto. No puede definirse de antemano, como hace esta reforma, ya que su configuración depende de los hechos y del derecho fundamental que se estima vulnerado”.

Sánchez Cordero, quien votó en abstención, manifestó su preocupación por “las acciones colectivas o difusas, como las promovidas por la comunidad LGBT+, consumidores, pueblos y comunidades indígenas, grupos vecinales, defensores del medio ambiente o por jubilados”, pues la enmienda restringiría el acceso a la justicia constitucional.

Dijo que si bien se han cometido excesos y que, “en algunos casos, jueces admitieron demandas de amparo, utilizadas estratégicamente para entorpecer u obstaculizar políticas públicas y obras estructurales, pero meses o años después fueron sobreseídos, lo cual demostró que la admisión inicial generó efectos paralizantes en la acción pública; sin embargo, la reforma desgraciadamente lleva a la solución opuesta”.

A su vez, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, expuso que el interés legítimo se utilizó “como instrumento de litigio político o dilatorio” y la modificación impedirá “detener facultades esenciales del Estado con amparos exprés”.

También, dijo, “se cerrará la puerta a prácticas que permitían la reapertura indebida de litigios fiscales”.