Al concluir ayer el 60 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se adoptaron 35 resoluciones, entre ellas cuatro promovidas por México, centradas en los derechos de los pueblos indígenas, las políticas contra las drogas y la pena de muerte.

Las dos resoluciones relacionadas con pueblos indígenas fueron adoptadas sin votación, lo que refleja el consenso entre los estados miembros, de acuerdo con información del consejo. En la primera, el consejo decidió renovar por tres años el mandato de la relatora especial sobre derechos de los pueblos indígenas, con el propósito de fortalecer la vigilancia y promoción de los mismos a escala global.

La segunda señala que el tema del panel anual sobre derechos de los pueblos indígenas, a celebrarse durante la sesión 63 del consejo, será Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural: derechos y participación de los pueblos indígenas. Además, se solicitó fomentar la participación de mujeres y jóvenes indígenas, garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad y elaborar un informe resumido de la discusión.

Lucha antidrogas

En cuanto al segundo tema, el consejo adoptó también sin votación una resolución que reconoce las implicaciones de las políticas antidrogas en materia de derechos humanos. El texto solicita a la Oficina del Alto Comisionado elaborar un informe sobre los desafíos en este ámbito, con especial énfasis en los impactos que enfrentan las mujeres y niñas. Asimismo, convoca a un diálogo antes del próximo periodo de sesiones para promover un enfoque inclusivo y basado en derechos humanos en la lucha contra las drogas.

La cuarta resolución, relativa a la pena de muerte, fue adoptada con 31 votos a favor, siete en contra y ocho abstenciones. En ella, se pide al secretario general de la ONU que en 2027 presente un suplemento a su informe quinquenal sobre la pena capital, centrado en el derecho a la no discriminación. También se prevé un panel de alto nivel para discutir estrategias y prácticas que contribuyan a reducir el uso de la pena de muerte en el mundo.