Las empresas de refrescos, cigarros, videojuegos y plataformas digitales intensificaron la presión a diputados de la Comisión de Hacienda para tratar de impedir alza de impuestos a sus productos en 2026, con el argumento de que afectarían a consumidores e inversiones, y alentarían el comercio informal o el contrabando.

En una reunión de cuatro horas, antes de que la comisión vote el lunes los dictámenes de Ingresos, así como los aumentos en IEPS e IVA, una batería de 52 cabilderos, representantes de las firmas y de asociaciones empresariales y de comerciantes, desfiló ante la comisión para expresar sus argumentos contra las medidas fiscales.

Casi al arranque del foro, Vicente Gutiérrez Camposeco, de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, exclamó ante los legisladores: “si quieren disminuir la obesidad, ¡desaparezcan las garnachas, las tortas, los tacos y los tamales, pero no regulen las bebidas!”

El argumento central de las refresqueras y de los comerciantes en pequeño fue que las bebidas azucaradas sólo aportan 5 por ciento de las calorías que consume una persona, y el resto proviene de comida, postres y aguas frescas.

La Cámara de Comercio presentó un estudio donde señala que una encuesta levantada entre abarroteros reveló que dos trasnacionales concentran 32 por ciento de las ventas de refrescos, y el aumento al IEPS incrementará precios y bajará sus ventas.

“Estamos contra el impuesto especial porque es regresivo, recaudatorio y no cura la salud”, sostuvo Cuauhtémoc Rivera, de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, en una intervención donde reclamó a Morena que en el sexenio de Enrique Peña Nieto los apoyó contra este gravamen neoliberal, que atenta contra el consumo popular.”

Las tabacaleras también objetaron el aumento al IEPS por tabacos y productos de nicotina. Gastón Zambrano, del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, apuntó que 70 por ciento del precio de una cajetilla de cigarros va a impuestos.

Calculó que con la nueva tasa propuesta por el Ejecutivo, se incrementaría el IEPS en 30 por ciento y una cajetilla costaría más de 100 pesos a partir de enero.

La iniciativa presidencial prevé que el Servicio de Administración Tributaria tenga acceso permanente a las plataformas para auditorías y revisiones en tiempo real, y las empresas que se nieguen serían bloqueadas.

Fabiola Peña, gerente de la Asociación Latinoamericana de Internet –que agrupa a plataformas como Google, Meta, Amazon, Rappi o Facebook– exigió el retiro de la medida, porque es “potencialmente inconstitucional y un desafío a la privacidad” de los usuarios.

Manuel Pliego, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, planteó suprimir ese mecanismo y consideró que el bloqueo “puede provocar censura, lo que es inadmisible en un Estado democrático”.

“No vamos a dar ni un paso atrás”, advirtió el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval.