Jueves 9 de octubre de 2025, p. 38
La contraloría interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) suspendió temporalmente a la titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, Guadalupe Zavala, por permitir una defensa legal “deficiente” que impidió al órgano recuperar más de 27.9 millones de pesos por la compra fallida de urnas electrónicas en 2012.
Tras ser notificada de la suspensión en junio pasado, Zavala, quien es hermana de la consejera del Instituto Nacional Electoral Claudia Zavala, envió a los consejeros una misiva en la que se deslinda de dicha responsabilidad, la cual, asegura, recae en el despacho Cataño, Escorcia y Asociados, al que se pagaron más de 2 millones de pesos para la defensa legal del instituto. Asimismo, responsabilizó a la Secretaría Ejecutiva, encabezada por Bernardo Núñez Yedra, y a personal administrativo, para dar seguimiento al caso.
Fuentes señalaron que con la suspensión, Zavala recibe 30 por ciento de su salario –poco más de 29 mil pesos mensuales netos– sin poder realizar ninguna función. Además, el Consejo General no puede nombrar a nadie porque oficialmente el puesto no está vacante.
Ahora el IECM interpondrá una demanda en contra de ese bufete de abogados, al considerar que estaba obligado a agotar todas las acciones legales derivadas de la rescisión administrativa del contrato con la empresa Pounce Consulting SA de CV, que tras diversas irregularidades en la entrega de urnas electrónicas resultó inhabilitada.
Según el acuerdo CTF/16551-2/006/2025, el instituto dispuso de poco más de 31 mil 784 pesos para que se tramite ante el juzgado cuadragésimo séptimo de lo civil del Poder Judicial local la expedición de copias certificadas que deben acompañar la demanda contra Cataño, Escorcia y Asociados SC; además, reservó más de 68 mil 215 pesos para gastos notariales contingentes.
Hace algunos años el instituto logró una sentencia a su favor para recuperar los millones de pesos que invirtió en las urnas electrónicas, pero no ejecutó el cobro, por lo que interpuso un recurso legal. Hasta el momento el proceso se encuentra en total opacidad.