Un grupo de colectivos defensores de derechos humanos y de los migrantes dio a conocer que el ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ofrecerá hoy una disculpa pública a las familias de las 40 personas que fallecieron en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, y a causa del cual otras 27 personas resultaron “heridos con secuelas graves de por vida”.

La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), quienes representan legalmente a algunos de los sobrevivientes y familias de las víctimas, aclararon que si bien la disculpa pública es coordinada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), no es un acto del Estado mexicano.

“Se trata de una acción personal de Francisco GY en cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón como requisito para concederle la suspensión condicional y permitirle liberarse del proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el cual ha llevado en libertad desde el inicio”, señalaron las organizaciones en un comunicado.

Está previsto que el acto será al mismo tiempo que la marcha por Ayotzinapa que se realizará este día en la Ciudad de México.

Además, subrayaron que la disculpa pública "no cierra el caso”, ni tampoco “debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento de Francisco GY; debe verse como un primer paso simbólico en el proceso de reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. No resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan”.

Indicaron que es necesario que todas las personas vinculadas a proceso penal por este caso, sin importar el cargo que ostentaban al momento de los hechos, enfrenten un juicio hasta sus últimas consecuencias; llamaron al Estado mexicano a eliminar la detención migratoria y pidieron garantizar la no repetición de hechos como este mediante cambios estructurales en la política migratoria.