Washington y Nueva York., Donald Trump giró instrucciones a su gobierno para “investigar, irrumpir y desmantelar” las agrupaciones y fuentes de financiamiento de sus opositores políticos, a quienes acusó de estar promoviendo la violencia política y “terrorismo doméstico”, en lo que algunos críticos calificaron de “macartismo moderno”.

En un memorándum presidencial de seguridad nacional, el republicano definió como características comunes de los enemigos domésticos el “antiamericanismo (sic), el anticapitalismo y el anticristianismo; apoyo para el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos; extremismo en migración y en problemáticas de raza y género; y hostilidad a los que defienden valores tradicionales estadunidenses sobre familia, religión y moralidad”.

El gobierno de Trump asegura que ha identificado grupos que se esconden detrás del antifascismo y de hecho son “terroristas domésticos librando una asalto violento contra instituciones democráticas, derechos constitucionales y libertades fundamentales estadunidenses”.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, dejó claro este jueves que este esfuerzo está dedicado sólo contra los opositores de izquierda de este país. “Ésta es la primera vez en la historia estadunidense que hay un esfuerzo de todo el gobierno para desmantelar el terrorismo de izquierda”, declaró en la sede de la presidencia.

A pregunta de la prensa de si podía identificar algunos de los grupos a los que señala, Trump nombró al financiero y filántropo liberal George Soros y al multimillonario liberal Reid Hoffman entre quienes podrían ser objetos de investigaciones por apoyar agrupaciones de sus adversarios.

El jefe de Estado instruyó que esta iniciativa sea implementada por conducto de las Fuerzas Conjuntas de Trabajo Nacionales sobre Terrorismo (JTTF, por sus siglas en inglés), que “coordinarán y supervisarán una estrategia nacional integral para investigar, enjuiciar e irrumpir entidades y abordar a individuos que realicen actos de violencia política e intimidación diseñada para suprimir actividad política legal u obstruir el imperio de ley”.

Las instrucciones incluyen investigar y perseguir a toda entidad sospechosa de nutrir o apoyar la violencia política y el “terrorismo doméstico”, incluyendo individuos, agrupaciones políticas, organizaciones no gubernamentales y fundaciones.

La definición del presidente de la violencia política se limitó a actos contra figuras de la derecha, desde el asesinato del organizador político Charlie Kirk, un ejecutivo de una aseguradora de salud y los atentados contra un juez de la Suprema Corte, así como contra el mismo presidente. Incluyó que “los disturbios en Los Ángeles y Portland reflejan un incremento de más de mil por ciento en ataques contra oficiales de migración y aduanas desde enero 2025”.

A esta lista agregó el ataque contra un centro de detención de la agencia migratoria ICE en Dallas antier (aunque aún no se sabe el motivo). No incluyó el asesinato de dos legisladores estatales demócratas en Minnesotta, el atentado a la esposa de uno de ellos, el intento de incendiar la residencia del gobernador demócrata de Pensilvania, entre tantos más, y como ha hecho otras veces, no hizo referencia al acto de violencia política sin precedente en este país, el intento de golpe de Estado y asalto del Capitolio por sus simpatizantes perpetrado el 6 de enero de 2021.

Una análisis del Instituto Cato, un centro de investigaciones libertario-conservador, registró que 3 mil 597 personas murieron en ofensivas políticamente motivadas entre enero de 1975 y el 10 de septiembre pasado en Estados Unidos. Casi 3 mil de estas muertes fueron las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Al excluir los del 11-S, la investigación encontró que la derecha política fue responsable de 61 por ciento de las muertes, 23 de cada 100 por terroristas inspirados por ideología islámica, y sólo 11 por ciento del total fue perpetrado por la izquierda política.

Desde el asesinato de Kirk el pasado 10 de septiembre, la Casa Blanca ha intensificado su ofensiva política contra sus opositores, caracterizando a todos –desde el ex presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris hasta activistas, defensores de derechos civiles, intelectuales, artistas y académicos, estudiantes e incluso ex funcionarios– de ser parte de la “izquierda radical”, que, acusa, busca destruir a Estados Unidos.

Este mismo jueves, Trump logró uno de sus objetivos de castigar a quienes lo investigaron a él y sus aliados, al conseguir una acusación criminal por mentir al Congreso contra uno de sus principales “enemigos”, el ex director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) James Comey. Y fue posible después de que despidió a un fiscal federal que rehusó cumplir con la orden de acusar al ex funcionario.

Varios fiscales y otros agentes de la FBI han sido despedidos en meses recientes; algunos de ellos participaron en la investigación y enjuiciamiento de los involucrados en el asalto al Capitolio y otros estaban en las pesquisas criminales contra el presidente.

El pasado 20 de septiembre, sin ocultar sus deseos, Trump escribió en su red social un mensaje público a su fiscal general, Pam Bondi, exigiendo que procediera penalmente contra quienes percibe como sus enemigos políticos que se atrevieron a acusarlo cuando fue investigado durante su primera presidencia.

“Estamos viviendo en un momento macartista moderno, con Trump girando el peso completo del Departamento de Justicia contra organizaciones que se expresan contra la agenda cada vez más antiestadunidense de su gobierno”, advirtió Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU). Vale recordar que un mentor de Trump fue Roy Cohn, el abogado y brazo derecho del senador Joe McCarthy durante su cruzada contra la izquierda en los años 50.