La defensa de los familiares de Berenice Giles, fotógrafa fallecida durante el Festival Axe Ceremonia, aseguró que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) encubre a las empresas Operadora de Centros de Espectáculos SA de CV (Ocesa), organizadora del evento, y Servicios de Protección Privada Lobo SA de CV, al no reconocerlas como imputadas, sino como testigos.

En una manifestación realizada afuera de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia, el abogado Fabián Victoria señaló que mientras la fiscalía obtuvo en menos de 24 horas una audiencia inicial programada para el 11 de septiembre, “nosotros solicitamos la nuestra el 4 de agosto y lo logramos más de un mes después”. Lo anterior, dijo, con el propósito de que en la carpeta de investigación se le cambiara la calidad de investigadas, por lo que “se traduce en una violencia institucional que se está trasladando al Poder Judicial capitalino”.

Actuación parcial

El abogado mencionó que la FGJ aceleró el proceso para solicitar una diligencia a fin de “imputar a múltiples empresas y personas físicas que resultan insignificantes”, dejando fuera a estas dos compañías, y recordó que tras protestar afuera del búnker, al final se iniciaron las pesquisas, que arrojaron pruebas “aplastantes” sobre la responsabilidad de éstas.

Entre las evidencias, indicó que existen contratos firmados en los que Ocesa se ostenta como “organizadora, promotora y desarrolladora” del festival. Asimismo, apuntó que el día del evento había un camión rotulado con el nombre de la empresa, desde el cual se monitoreaban múltiples cámaras operadas por Servicios de Protección Privada Lobo, y que ambas compañías comparten el mismo representante legal.

Comentó que el 6 de mayo, expertos en protección civil emitieron una resolución administrativa en la que determinaron la responsabilidad de Ocesa en los hechos del 5 de abril, quienes estimaron que en ese evento la compañía recaudó más de 350 millones de pesos en taquilla, y que fue sancionada con apenas un millón 800 mil pesos.