El desalojo ocurrido el 27 de agosto en República de Cuba 11 está enmarcado en un proceso de “degradación intencionada” de algunas áreas del Centro Histórico con el fin de justificar intervenciones en las que los inmuebles son destinados a otros usos como servicios de hospedaje, bodegas, venta de mercancías extranjeras o incluso se construye algo nuevo bajo una lógica especulativa, señalaron académicos, investigadores y colectivos en contra de la gentrificación.

Roberto Pimentel Bermúdez, docente de la UNAM, refirió que un proyecto que sirve de ejemplo de rescate de inmuebles de valor patrimonial para vivienda social en el Centro Histórico es Casa Covadonga, en Belisario Domínguez 44 –rehabilitado en 2004 por el gobierno de la ciudad por medio de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda–, utilizado actualmente para alojamiento temporal mediante la plataforma Airbnb.

En el Foro Contra la Gentrificación que organizó el Taller Interdisciplinario para el Desarrollo del Hábitat y Taller Integral para el Desarrollo Comunitario en el café La Resistencia, arte, de República de Cuba 34, vecinos desalojados de Cuba 11 expusieron su caso y grupos solidarios llamaron a apoyar el campamento que mantienen frente al edificio ante presiones del gobierno local para retirarlos, por lo que anunciaron un festival político-cultural para el 27 de septiembre.

Noelia Ávila Delgado, de la UAM Xochimilco e investigadora del hoy Secihti (antes Conahcyt), alertó sobre el uso del sector inmobiliario para el lavado de dinero, lo que explica, por ejemplo, edificios en calzada de Tlalpan que no se han construido para cubrir una demanda de vivienda porque permanecen vacíos.

El colectivo Cooperativa de Periodistas denunció a su vez que la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, de la Fiscalía General de Justicia es utilizada para realizar desalojos de inmuebles mediante la “fabricación de delitos” como narcomenudeo, despojo, robo de autopartes y extorsión, en los que se expulsa “con metralla en mano” a personas que ocupan los inmuebles de forma legítima y señalaron que tienen documentados al menos 36 casos, como el de Tonalá 125 de la colonia Roma.

A poco más de una semana del desalojo efectuado en el edificio de República de Cuba 11, autoridades se comprometieron a revisar jurídicamente el caso para la recuperación o adquisición del predio en favor de las personas que lo habitaban.

Tras una reunión con los afectados, sostuvieron que seguirán contando con el apoyo de renta mensual que se mantendrá “el tiempo que sea necesario”, así como el apoyo de alojamiento temporal en hoteles cercanos al inmueble; el acompañamiento a las personas se hará “hasta el final del proceso”.