Nueva York. El presidente Donald Trump sufrió ayer otros dos reveses judiciales: un juez federal ordenó a su gobierno regresar a la Universidad de Harvard más de 2 mil 600 millones de dólares en subvenciones federales que recortó tras el rechazó de la institución a aplicar sus políticas, mientras otro tribunal falló que la administración republicana no puede usar una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de indocumentados.

La jueza federal de Boston, Allison Burroughs, dictaminó ayer que los recortes del gobierno federal equivalían a una respuesta ilegal por el rechazo de la prestigiosa universidad a las demandas de la Casa Blanca que pretendían imponer cambios en su gobernanza y políticas internas, tras las protestas que se presentaron para exigir el fin de la ofensiva de Tel Aviv en Gaza.

Horas antes, un panel del tribunal federal de apelaciones dictaminó que Trump invocó ilegalmente la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos que supuestamente pertenecían al Tren de Aragua, al tiempo que el Departamento de Seguridad Interior puso fin a la designación del estatus de protección temporal para los migrantes venezolanos, lo que afectará a unas 256 mil personas.

El panel, conformado por tres jueces de la Corte de Apelaciones del quinto circuito federal, uno de los tribunales más conservadores del país, falló a favor de los abogados de derechos de los inmigrantes y de los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que dicha ley, promulgada en 1798, no fue diseñada para utilizarse en casos como ese.

Nuevo Orleans, en la mira

Trump sugirió que Nueva Orleans podría ser “su próximo objetivo” para desplegar a la Guardia Nacional con el fin de combatir el crimen, una ciudad que se suma a las amenazas lanzadas contra las ciudades demócratas de Chicago y Baltimore.

En tanto, las sobrevivientes del abuso del depredador sexual Jeffrey Epstein se reunieron en Washington para unirse a legisladores de ambos partidos en reclamo de la publicación completa de los archivos sobre el caso, y la propuesta para crear una lista pública de sus cercanos que abusaron de menores de edad.

El jefe de la Casa Blanca calificó el asunto como “un engaño demócrata que nunca termina”.