León, Gto., El Consejo Consultivo para el Segui-miento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (Cosainceg), donde participan seis organismos empresariales, no ha transparentado públicamente en qué fueron invertidos casi 38 mil millones de pesos de los ejercicios fiscales de 2019 a 2024, periodo que corresponde a la administración del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Según los presupuestos de ingresos de esos años, el gobierno del estado proyectó recaudar 33 mil 144 millones 426 mil 710 pesos por el impuesto a la nómina (porcentaje de los salarios que los empleadores pagan a sus trabajadores) y de 4 mil 822 millones 935 mil 394 pesos del cedular (gravamen estatal a ingresos de personas físicas por servicios profesionales, actividades empresariales y arrendamiento de inmuebles).

Las fracciones 4 y 6 del artículo 13 del decreto 261 que dio vida al Cosainceg estipulan que este último debe “informar a la sociedad civil sobre la aplicación de los recursos provenientes de las contribuciones” e “impulsar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas”.

No obstante, las últimas cinco actas de sesiones del consejo fueron reservadas, por lo que es imposible conocer los acuerdos tomados entre los empresarios de León, Salamanca, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y la ciudad de Guanajuato, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y las autoridades estatales.

A raíz de la solicitud de información 111100500203125, hecha por esta corresponsalía, el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo –del gobierno de la panista Libia García Muñoz Ledo– clasificó como reservados los citados documentos.

Los escritos de 2024 y 2025 están en esa condición porque contienen información que forma parte del proceso técnico-deliberativo del consejo sobre las inversiones y proyectos, y su difusión “implica un riesgo grave y tangible para el desarrollo del estado al verse comprometida la ejecución de éstas”, argumentaron la presidenta del Comité de Transparencia, Aura Fabiola Romero, además de los vocales, Rocío Sandoval y Jorge Antonio García.

El 24 de febrero de 2006, el entonces gobernador y actual diputado local, Juan Carlos Romero Hicks, publicó el decreto 261 para crear el Cosainceg como un “órgano auxiliar” del Poder Ejecutivo, de “asesoría, consulta y apoyo técnico” para el seguimiento de la aplicación de los impuestos a las nóminas.

En la estructura original estaban el mandatario estatal –como presidente del Consejo Consultivo–, el titular de la Unidad de Planeación e Inversión, además de los secretarios de Finanzas, Desarrollo Económico y el de Obra Pública. También, los representantes de los consejos empresariales de León, Irapuato, Salamanca y Celaya, además de uno del Consejo Estatal de Desarrollo Económico y otro del CMIC.

El ex mandatario le dio todo el poder

El 26 de septiembre de 2018 Rodríguez Vallejo rindió protesta como gobernador y casi dos meses después, el 22 de noviembre, publicó una reforma al decreto del Cosainceg para que pasara de “ser un órgano de consulta a un ente que se encargue de incidir en el destino y aplicación de los recursos”. De esta manera, el ex mandatario, quien vive en Estados Unidos, entregó todo el poder a los empresarios para que determinaran el destino de miles de millones de pesos de los impuestos de los guanajuatenses.

En total, Rodríguez Vallejo reformó tres veces el documento a fin de integrar al jefe del gabinete –figura que desapareció en el actual gobierno–, a los consejos empresariales de San Miguel de Allende y de la ciudad de Guanajuato, así como a la Secretaría de Turismo.

En la primera modificación al escrito, agregó en el artículo 1º que además de asesorar y ser un apoyo técnico, el Cosainceg “tome decisiones” sobre la planeación, presupuestación y aplicación de los recursos. “Los acuerdos y resoluciones que se tomen por el consejo deberán sujetarse a la legislación correspondiente en materia de contrataciones y ejecución”, refiere.

En tanto, el artículo 3 señala que la aplicación del dinero público tendrá como destino la inversión social y productiva, infraestructura y el fortalecimiento de la seguridad.

“En el rubro de inversión social y productiva, podrán orientarse, entre otras, al estímulo del empleo, atracción de inversiones, apoyos a la competitividad, fortalecimiento a la pequeña y mediana empresas y capacitación”, indica el artículo 4.

Es decir, los consejos empresariales de seis municipios decidieron a qué compañías apoyar con una parte de los 38 mil millones de pesos ejercidos en seis años y son los mismos que manejaban el monto del Fideicomiso de administración e inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (Fidesseg). Este fideicomiso se alimentaba con 0.3 por ciento del impuesto a la nómina, por lo que los empresarios definieron el destino de más de mil 700 millones de pesos.

Las agrupaciones Actuar por Guanajuato y FE Guanajuato recibieron 148 millones de pesos sólo por fungir de intermediarias y elegir a las asociaciones que serían beneficiadas.

La gobernadora Libia García (también panista) enfrentó una lucha legal con los hombres de negocios pues extinguió al Fidesseg y ellos tramitaron amparos para frenar el proceso. Tras varios meses hubo un acuerdo para que fueran retirados todos los juicios.

La Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por casi 250 millones de pesos en los gastos de organizaciones beneficiadas con el Fidesseg y recomendó iniciar procesos para el reintegro de 170 millones 668 mil pesos.