l gobierno federal anunció que revisará y reducirá las pensiones estratosféricas que por años han cobrado ex trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC). En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se informó que en LFC existe al menos un caso de pensión superior al millón de pesos mensuales, así como decenas que rebasan 700 mil pesos; mientras en Pemex hay quince con más de 350 mil. La mandataria calificó de ofensivo semejante dispendio y ordenó trazar la ruta legal –incluso con reformas constitucionales– para terminar con estos abusos. En paralelo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reabrió auditorías e inició investigaciones sobre contratos en Pemex vinculados a sobornos, con 16 funcionarios y tres ex funcionarios bajo la lupa.
Este anuncio no surge en el vacío. Durante el aciago periodo neoliberal se operó un desmantelamiento deliberado de la paraestatal –a la que incluso se despojó de su carácter de empresa pública a fin de ponerla en des-ventaja frente a sus competidores–, con desinversión, endeudamiento irresponsable y contratos leoninos que hicieron de Pemex un botín para redes político-empresariales. Se encuentra documentado, por ejemplo, el pago por la construcción y operación de ductos hacia campos inexistentes, el regalo de terrenos y el pacto de condiciones que garantizaban pérdidas al Estado y ganancias a particulares. Los mismos que expoliaron a la empresa más importante del país urdieron, con el inestimable apoyo de los medios de comunicación corporativos, el mito de que el Estado es intrínsecamente incapaz de administrar empresas, con lo que justificaron la contrarreforma de 2013 y la entrega de los recursos nacionales a grandes capitales locales y foráneos
En ese clima medró el sindicalismo charro encabezado por Carlos Romero Deschamps, producto y paradigma del neoliberalismo: su camarilla combinó dádivas indignantes y coerción para someter a la base trabajadora mientras facilitaba a los sucesivos gobiernos el desguace de la empresa. La connivencia entre cúpulas sindicales, directivos y políticos de aquel ciclo dejó una estela de quebrantos al erario e impunidad que las dos últimas administraciones han intentado desmontar, pese a todos los obstáculos que implican el orden legal y las redes de complicidades heredadas del pasado. El combate a las pensiones desproporcionadas es, por ello, una medida correcta y oportuna: no se trata de recortar derechos legítimos a los trabajadores, sino de corregir privilegios indecentes que lesionan las finanzas públicas y la ética republicana en beneficio de un puñado de ex altos funcionarios.
Los datos revelados ilustran la desmesura: las pensiones corruptas y corruptoras multiplican por 140 veces el promedio nacional, de alrededor de 7 mil pesos. El costo anual por estos esquemas alcanza 14 mil millones de pesos, equivalentes a una cuarta parte de lo destinado a la UNAM o a la totalidad del gasto federal en cultura. Si a ello se añaden las tramas de sobornos en contratos y otros esquemas corruptos como la compra fraudulenta de Agronitrogenados, resulta claro que las pensiones doradas no son hechos aislados, sino parte de un sistema de capturas del Estado que drenó recursos públicos con impunidad. Por ello, es de elemental sensatez que se revise su legalidad, se tope su monto con criterios de proporcionalidad y se recuperen recursos cuando haya abuso o simulación, con pleno respeto al debido proceso y sin afectar a quienes se jubilaron conforme a la ley y a la justicia laboral.
En suma, cabe saludar la reapertura de auditorías, la revisión del dispendio a expensas del dinero de todos los mexicanos y el esfuerzo para recuperar lo erogado de forma indebida, todo lo cual contribuye a la tarea de levantar a Pemex como pilar del patrimonio nacional y palanca de desarrollo.
