a embajada de Estados Unidos publicó un video en el cual afirma que los grupos del crimen organizado roban petróleo crudo en México, lo transportan en camiones o ductos hasta Texas, lo entregan a intermediarios, quienes lo legalizan y lo colocan en refinerías estadunidenses, para luego reintroducirlo a México a través de las aduanas como combustible aparentemente legal gracias al uso de documentos falsificados y empresas fachada; finalmente, se afirma en el video, este hidrocarburo refinado se distribuye a estaciones de servicio, donde es vendido como si fuera legítimo, sin que los consumidores conozcan su origen ilícito.

El audiovisual advierte que detrás de cada litro ilegal hay evasión fiscal, corrupción y violencia financiada, e informa que las autoridades de ambos países llevan a cabo acciones conjuntas como operativos en puertos y aduanas, sanciones a empresas y bancos involucrados, así como el desarrollo de mecanismos para mejorar el control y la trazabilidad del combustible.

No se trata de una acusación nueva, sino de un anuncio elaborado a partir de señalamientos efectuados por el Departamento del Tesoro el pasado 2 de mayo, cuando aseguró que el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) y su tráfico hacia Estados Unidos ya es la segunda fuente de ingresos para las principales organizaciones criminales con base en México, en particular el cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo.

En aquel momento, el Tesoro destacó que mediante estos esquemas, los grupos criminales mencionados roban miles de millones de dólares en crudo de Pemex, fomentando la violencia y la corrupción desenfrenadas en México y perjudicando a las empresas legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos.

Dos semanas después, autoridades estadunidenses arrestaron a James, Kelly, Maxwell y Zachary Jensen, cuatro miembros de una familia que presuntamente contrabandearon al menos 300 millones de dólares en petróleo y lavaron los fondos obtenidos. A raíz de este episodio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la dependencia a su cargo continuará usando todas las herramientas disponibles para atacar implacablemente a los cárteles de las drogas y a las organizaciones terroristas extranjeras para hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez.

De estos datos y declaraciones se desprenden varias conclusiones ineludibles; por ejemplo, que no todo el crudo ilegal vuelve a México, sino que una parte se comercializa en territorio estadunidense, pues de otra manera no se explica cómo perjudica a las empresas legítimas de petróleo y gas natural de ese país. Asimismo, la detención de la familia Jensen muestra que las organizaciones extranjeras no monopolizan el negocio del denominado huachicol fiscal, sino que en él se encuentran involucrados individuos y empresas estadunidenses, como reconoce la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen, por su abreviatura en inglés) al advertir que los importadores estadunidenses cómplices de estos esquemas frecuentemente administran otros negocios legítimos en la frontera.

Por último, es inevitable el escepticismo cuando Washington parece tener perfectamente identificadas a las personas, las empresas y las redes que operan en México, pero cuenta con datos limitados y fragmentarios acerca de lo que ocurre una vez que los hidrocarburos ingresan a su territorio. En este sentido, resulta inexplicable que la Fincen se limite a avisar a los bancos estadunidenses del riesgo de ser usados para transferencias de recursos de procedencia ilícita en lugar de rastrear dichas operaciones y sancionar a las entidades cómplices.

Cabría esperar que la Fincen (adscrita al Tesoro y equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda) y las demás dependencias estadunidenses encargadas de combatir las distintas modalidades de crimen organizado enfoquen sus esfuerzos en hacer frente a la parte de este negocio ilícito que tiene lugar dentro de su jurisdicción, comenzando por las refinerías que, por su naturaleza, son instalaciones gigantescas que no pueden pasar inadvertidas.

En este ámbito, las autoridades mexicanas se encuentran muy adelantadas respecto a sus pares de Washington: a finales de junio, se desarticuló una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y venta ilícita de hidrocarburos, con el arresto de 32 personas y el aseguramiento de inmuebles, contenedores, vehículos, armas de fuego y dinero en efectivo; el 8 de julio fueron incautados 129 carrotanques con 15 millones de litros de combustibles, y en cinco meses la Agencia Nacional de Aduanas confiscó alrededor de 50 millones de litros de diésel que grupos delictivos pretendieron introducir al país por diversos medios.

Quizá, en vez de producir videos para alertar acerca de este problema a la sociedad mexicana, el gobierno estadunidense haría mejor en ponerse al día con sus responsabilidades en la cooperación bilateral de combate a la delincuencia.