Ocho personas que fueron detenidas el lunes durante la operación Liberación de la fiscalía de Justicia mexiquense, con apoyo de fuerzas federales en el sur del estado de México, fueron recluidos ayer en dos penales de la entidad, incluida la morenista Yareli Domínguez, tercera regidora del ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, al parecer vinculada con la La familia michoacana.

Los arrestados quedaron a disposición de jueces del Poder Judicial del estado, quienes en las próximas horas encabezarán las audiencias de imputación donde conocerán los señalamientos en su contra.

Según la fiscalía, se les atribuirá el delito de extorsión o secuestro exprés con fines de extorsión, y se valora incluir el de delincuencia organizada, con lo que alcanzarían condenas de más de 70 años de prisión.

Los hombres fueron remitidos al penal de Tenango del Valle y las mujeres al de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Yareli Domínguez fue aprehendida por secuestro exprés con fines de extorsión por hechos sucedidos en abril pasado cuando habría participado en la privación ilegal de un comerciante de muebles en Ixtapan de la Sal.

En un hotel de esa demarcación, Yareli exigió al hombre una cuota para vender sus productos y lo amenazó con que, si se negaba le daría piso a él y a su familia. Ayer mismo un juez impuso a la mujer prisión preventiva justificada. Otro detenidos es Eli N, propietario de un negocio en Valle de Bravo, quien de acuerdo con la investigación “era la única persona autorizada por La familia michoacana para la distribución de cemento y materiales de construcción en el sur del estado”.

Eli fue aprehendido en su rancho, en Amanalco de Becerra, donde vivía en opulencia. Se le acusa de secuestro con fines de extorsión, pues el 31 de enero anterior, él y otras personas habrían interceptado al dueño de una casa de materiales, a quien por la fuerza subieron a un vehículo y le exigieron un pago inicial, así como un porcentaje semanal de las ventas que realizara. Además, le advirtieron que a partir de esa fecha sólo podría adquirir productos con un proveedor específico, vinculado con la citada organización criminal.

Por otra parte, Gonzalo N , quien a decir de la fiscalía es líder del Sindicato Bradosva, era el único que tenía el visto bueno de La familia michoacana para suministrar materia prima, como arena y y grava, en el sur de la entidad.

A éste último se le imputa el delito de extorsión agravada, pues presuntamente el 20 de febrero interceptó a una persona en la carretera libre Toluca-Valle de Bravo, para exigirle el pago del derecho de piso; le impuso una cuota inicial de 15 mil pesos y 2 mil 500 por cada viaje que realizara con mercancía.

Alicia N, considerada la responsable de la contabilidad de los establecimientos de materiales de construcción vinculados al grupo delictivo, es señalada por su responsabilidad en el ilícito de extorsión.

En marzo, Alicia habría presionado a alguien a pagar con un sobreprecio de 20 por ciento tres toneladas de cemento y amenazó con que cualquier negativa implicaría que la organización criminal levantara a algún miembro de su familia.

Otro arrestado es Jorge N, quien era el único autorizado por La familia michoacana para vender madera para obras de construcción.

A él también se le acusa de extorsión, pues en marzo exigió 100 mil pesos a un sujeto para que siguiera ofreciendo sus productos, además le impuso un cuota mensual según los ingresos que obtuviera.

Otro comerciante maderero, identificado como Juan Fernando N, de Ixtapan de la Sal, enfrentará un juicio por extorsión, ya que imponía a los vendedores de la zona un precio mayor de la mercancía para recoger la ganancia y entregársela a los líderes criminales.

Entre los aprehendidos está también Antonio N, pues sólo él tenía permiso del grupo criminal para distribuir carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán. Obligaba a los carniceros a comprarle sólo a él y además debían aportar 5 pesos por cada kilo que vendieran.

Finalmente, con apoyo de la Fiscalía de Quintana Roo se logró el arresto de Bernardo Alejandro N, quien surtía pollo autorizado por el grupo delictivo en Ixtapan de la Sal y los municipios aledaños. No solo fijaba precios altos, sino que los polleros debían otorgarle 5 pesos más por cada kilo que les compraran.

En el sur de la entidad, donde las fuerzas federales y estatales realizaron operativos en unos 14 municipios para contrarrestar el delito de extorsión, no hay un destacamento de la Guardia Nacional.