Oaxaca, Oax., La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio emitió una alerta por el acoso que los gobiernos federal y estatal ejercen contra la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa, por oponerse a la instalación de un Polo de Desarrollo del Bienestar en su localidad, que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo.

El hostigamiento, señalan, es principalmente hacia el agente municipal David Hernández Salazar, contra quien hay una denuncia por delitos de incendio y daños dolosos, pese a que ya ha sido absuelto en dos ocasiones.

En un comunicado, la organización explicó que los señalamientos contra Hernández Salazar ocurrieron en 2022, pero en la administración de Salomón Jara lo vincularon a proceso, y el 7 de febrero de 2024 un juez unitario del circuito judicial del Istmo con sede en Salina Cruz lo declaró culpable.

Se dictó una sentencia de 46 años y seis meses de cárcel, a la que se le sumó el pago de más de un millón de pesos por reparación de daño y una multa de 182 mil pesos, cobro que consideró excesivo el agente municipal, quien también denunció que lo trataron como delincuente de alta peligrosidad.

Obtuvo un amparo y no pudo ser encarcelado; posteriormente, a través de la sexta sala penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, se revocó la sentencia y el 14 de mayo de 2024 fue absuelto. Además, se reconocieron varias irregularidades en el procedimiento, así como la invalidez de pruebas utilizadas en su contra, informó la organización.

Sin embargo, la empresa privada denunciante interpuso un juicio de amparo directo (371/2024), que se resolvió el 28 de enero de este año. Así, el segundo tribunal colegiado del décimo tercer circuito determinó que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas, pero sí valorando otras pruebas ofrecidas.

Esto llevó a la reposición del procedimiento y a una nueva resolución dictada el 27 de febrero por la segunda sala penal colegiada, en la que se ratificó la inocencia del agente municipal de Puente Madera.

No obstante, lejos de cerrar el caso, la parte acusadora interpuso un nuevo recurso en el que acusó a otros defensores, quienes denunciaron que estas tácticas tienen como objetivo crear temor entre los oponentes a este tipo de proyectos, pero, sobre todo, criminalizar la lucha social y la defensa de la tierra y el territorio.

La asamblea exigió al gobierno de Jara Cruz que deje de criminalizar a la comunidad de Puente Madera y detenga la persecución judicial contra Hernández.

Esta lucha, si bien una de las figuras visibles es el agente municipal, dijo, no es una batalla individual, pues representa a la comunidad de Puente Madera y la defensa del Monet del Pitayal y más de 300 hectáreas de tierras en las que se pretende edificar el Polo de Desarrollo.

El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática hacia defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar, sentenciaron.