Washington. La orden de un juez federal de Nueva Hampshire de bloquear el decreto de Donald Trump con el que pretendía poner fin a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas que radican en Estados Unidos sin autorización legal, entró en vigor ayer, ya que el gobierno no apeló durante el plazo establecido.

El magistrado Joseph LaPlante puso en pausa su propia decisión para permitir que una respuesta legal por parte del gobierno, pero al no presentarse ninguna apelación en la última semana, su orden entró en vigor.

Esto protege a todo niño cuya ciudadanía fue puesta en duda por la orden ejecutiva ilegal de Trump, indicó Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que representa a los niños que se verían afectados por las restricciones.

A su vez, más de una docena de gobiernos estatales solicitaron al juez de Boston, Leo Sorokin, que también suspenda por completo la misma disposición bajo el argumento de que es algo flagrantemente inconstitucional y amenaza el ingreso de millones de dólares para servicios esenciales.

Por otra parte, fuentes de la administración Trump revelaron al medio Axios que reconvertir la isla de Alcatraz en una prisión federal de máxima seguridad podría costar más de 2 mil millones de dólares.

La ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuyo distrito incluye Alcatraz, calificó el plan de la iniciativa más estúpida de la administración Trump hasta ahora. En un comunicado, agregó: Debería preocuparnos que claramente los únicos recursos intelectuales a los que ha recurrido la administración para esta idea tonta sean películas de ficción de Hollywood de hace décadas.

En tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reiteró que otros estados están en proceso de construir centros de detención parecidos al de Alcatraz de los caimanes para retener a presuntos migrantes indocumentados.

La semana pasada, Noem aseveró que otros estados utilizan el centro de detención como modelo.