Oaxaca, Oax., Esta entidad se encuentra sumida en una crisis debido a las políticas impuestas por el gobernador morenista Salomón Jara Cruz a través de su autodenominada primavera oaxaqueña, pues igual que las administraciones anteriores, mantiene acciones “de despojo y estrategias de cooptación, represión, militarización y criminalización de activistas, defensores y luchadores sociales”, asentaron integrantes del Movimiento Social Oaxaqueño en asamblea, en el auditorio Enedino Jiménez de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, en la que participaron más de 300 personas.

En un posicionamiento, la organización señaló que la situación se agudiza cada día con megaproyectos impuestos, leyes de control social, desmantelamiento del sistema de salud y educativo, programas de gobierno asistencialistas e incremento desmedido de la violencia, así como el contubernio entre el crimen organizado y el estado. También existe una terrible discriminación hacia las diversidades sexogenéricas, que enfrentan desigualdades en derechos y violencia cotidiana.

Destacaron que Oaxaca vive una crisis generalizada en varios aspecto, como la violencia feminicida que permea en la sociedad y que ha derivado en la comisión de más de 200 crímenes contra mujeres en lo que va de la administración de Jara, desde diciembre de 2022.

La respuesta de las mujeres, sostuvieron, ha sido la movilización, pero ha sido reprimida, como ocurrió el 8 de marzo pasado, cuando elementos de la policía estatal agredieron a las manifestantes en en el zócalo de la capital del estado.

La autodenominada primavera oaxaqueña, asentaron, es autoritaria, pues ha actuado contra las manifestaciones artísticas y culturales “por mandato de los empresarios que se apropian de nuestra cultura y espacios públicos para lucrar con ellos, incentivando la gentrificación y turistificación, mientras el pueblo originario oaxaqueño se debate en la precariedad y la pobreza, con un estado que simula ‘Bienestar’ sin soluciones reales”.

En la asamblea participaron 336 integrantes de distintas organizaciones de toda la entidad.

Expusieron sus preocupaciones por el movimiento social del estado, que cotidianamente enfrenta ataques del gobierno morenista, como los defensores de la Tierra y el Territorio en el Istmo de Tehuantepec, por oponerse al Corredor Interoceánico o en la región de la costa, donde defienden la naturaleza y se oponen a los proyectos que buscan privatizar áreas naturales para la construcción de desarrollos turísticos. Éstas son dos de las regiones más peligrosas para los defensores de derechos humanos, explicó Marcos Leyva Madrid, coordinador de la asamblea.

Lamentó que el consenso general sea que Oaxaca se encuentra sumida en una crisis profunda en términos de salud, seguridad y criminalización del movimiento social.