Buenos Aires., Una jueza de Estados Unidos rechazó ayer la solicitud del gobierno argentino de suspender una orden que obliga al Estado argentino a transferir 51 por ciento de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a los fondos buitres que demandaron al país sudamericano por la nacionalización de esa petrolera en 2012.

En un revés para el presidente ultraderechista Javier Milei, la Cámara Nacional del Trabajo de Argentina confirmó la decisión de la jueza de primera instancia que declaró la invalidez constitucional de un decreto del gobierno para restringir el derecho a huelga en numerosas actividades, informaron fuentes judiciales a la agencia Sputnik.

A dos semanas del fallo de la jueza Moira Fullana que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del decreto de necesidad y urgencia 340, la cámara falló en la misma línea, al señalar que la medida cuestionada no cumplía con los requisitos para su dictado, añadió Sputnik. El reporte no fue confirmado ni desmentido por el gobierno u organizaciones sindicales.

En tanto, la jueza federal Loretta Preska de Nueva York se pronunció sobre el pedido de Argentina justo el día en que vencía el plazo para entregar ese paquete accionario de la petrolera a los fondos buitres (entidades financieras que compran deuda de empresas o países con problemas financieros a precios muy bajos) Burford y Eton Park.

Preska, quien el 30 de junio emitió una orden a favor de esos fondos, señaló que Argentina continúa demorando y eludiendo sus obligaciones, en un fallo al que tuvo acceso The Associated Press.

Argentina confía ahora en que prospere a su favor una apelación que presentó hace unos días ante una corte de segunda instancia de Estados Unidos, donde solicitó la revocación de la orden de Preska.

YPF es propietaria de uno de los mayores yacimientos de petróleo y gas no convencional del mundo, en Vaca Muerta, Patagonia argentina.

La jueza ordenó el 30 de junio al gobierno de Milei que transfiriera las acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en Bank of New York Mellon (BNYM). Fue en el marco de una causa que se inició en 2015 y en la que la misma magistrada había resuelto que el país debe desembolsar 16 mil 100 millones de dólares a los litigantes por daños e intereses impagos.

Luego de conocer la decisión de Preska, Milei señaló que el gobierno impugnará en todas las instancias que correspondan para defender los intereses nacionales.

En 2012, el entonces gobierno progresista de Cristina Fernández (2007-2015) expropió una participación mayoritaria en YPF, la empresa energética más grande del país. El Congreso aprobó una ley por la que se expropiaban 51 por ciento de las acciones de la energética al entonces accionista mayoritario, la empresa española Repsol, que recibió una compensación de unos 5 mil millones de dólares.

Sin embargo, los accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park presentaron una demanda alegando que el gobierno violó los estatutos de la empresa al no hacer una oferta por las acciones restantes de la compañía. Luego, Petersen vendió al fondo Burford Capital el derecho a litigar.

YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York, por lo que los demandantes pudieron entablar la querella ante un tribunal estadunidense.