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Diputados avalan cambiar proceso de designación de contralores municipales
 
Periódico La Jornada
Martes 27 de mayo de 2025, p. 26

Para terminar con la designación unilateral y parcial de contralores en los municipios, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para obligar a que el nombramiento de los órganos internos de control (OIC) sea mediante procesos de selección que garanticen su autonomía y legitimidad.

Se trata de una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas que, explica el dictamen votado ayer, busca la profesionalización de los OIC para “desalentar prácticas de cooptación política y clientelar, al eliminar la posibilidad de nombramientos por afinidades partidistas o personales” de los alcaldes o los cabildos.

Con la reforma, explicaron los diputados, se pretende acabar con el modelo de designación de contralores sin experiencia y designados por los grupos políticos que dominan los cabildos o bien por los alcaldes, para buscar una persona afín que encubra posibles irregularidades.

Durante la discusión, el diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) sorprendió y provocó risas de los legisladores, cuando intervino a distancia desde el local de tacos de birria El Salsero, en Coatzacoalcos, Veracruz, donde el domingo habrá elecciones para alcaldes.

Estás en los tacos, Gildardo, ya vimos, le dijo el presidente de la comisión, Ricardo Mejía Berdeja (PT). Pérez Gabino, de camiseta negra con el logotipo de su partido, se justificó con el argumento de que estaba en actividades en Coatzacoalcos.

El dictamen resalta que si bien hay estados donde la fiscalización de las alcaldías está a cargo de numerosos OIC, como el estado de México donde existen 188 contralores municipales, en Nayarit y Quintana Roo existe sólo uno, además de que los mecanismos de designación son muy diferentes en la legislación de cada estado, por lo cual la reforma obligará a los congresos locales a homologar los procesos de nombramiento.

El texto precisa que el proceso de selección deberá garantizar la legitimidad del cargo y con ello abrir la posibilidad para que los municipios incorporen mecanismos basados en el mérito, la experiencia y la preparación técnica de los aspirantes.

Con información de Iván Sánchez, corresponsal