Hermosillo, Son., A casi 11 años del derrame de sulfato de cobre acidulado que contaminó el río Sonora (6 de agosto de 2014), comunidades afectadas insisten en que no se ha hecho justicia, ni se ha habido acciones efectivas para reparar los daños causados por Grupo México, informaron los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).

Los comités se reunieron con autoridades federales y estatales en la capital del estado, a fin de evaluar los avances en la remediación del desastre ambiental más grave en la historia minera del país.

El encuentro lo encabezó la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; también participaron Mariana Boy, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; el gobernador Alfonso Durazo y representantes de la Comisión Nacional del Agua e IMSS-Bienestar.

Los CCRS consideraron insuficientes y repetitivas las propuestas presentadas por las instituciones.

No hay presupuesto asignado, ni responsables claros, ni fechas de cumplimiento, reprocharon en un comunicado.

La demanda principal de los pueblos, puntualizaron, es un plan de remediación transexenal, interinstitucional y con sustento legal que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y cuente con mecanismos de supervisión y participación directa de las víctimas.

Se quejaron de la ausencia del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, organismos claves que habían elaborado dictámenes técnicos fundamentales para atender la crisis ambiental por lo que exigieron su reincorporación al proceso.

Uno de los reproches más contundentes fue la falta de una estrategia legal concreta para obligar a Grupo México a cumplir las sentencias vigentes, como la del amparo en revisión 640/2019, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho a la reparación ambiental tras la extinción ilegal del fideicomiso Río Sonora.

Los comités de cuenca advirtieron que negociar con la empresa, sin medidas coercitivas, ignora una década de tácticas dilatorias y el desdén hacia las resoluciones judiciales.