unca como ahora se había precisado tanto de la unidad nacional para enfrentar las amenazas del exterior, en un tiempo azaroso, de cambios involutivos, de empoderamiento de la derecha internacional y de ataques a los sectores más vulnerables de la comunidad mundial, como los migrantes y sus familias.

Unidad nacional que no se observa en sectores de oposición –no todos– y de grupos conservadores de opinión, que minimizan y socavan la tenaz lucha librada para amortiguar el impacto de medidas del exterior que, de no ser enfrentadas diplomática y enérgicamente como se ha estado haciendo, estarían generando un daño inmensamente mayor a las finanzas públicas, la economía nacional y al proyecto de desarrollo en marcha.

Apenas vinimos de la difícil tarea del gobierno mexicano de frenar en unos casos, y de disminuir en otros, los aranceles a la importación de productos de nuestro país, para ser menos afectados que el resto de los exportadores al mercado norteamericano, ganando incluso competitividad en ese proceso de negociación, cuando el país ha tenido que enfrentar la embestida contra los migrantes, en uno de sus flancos más dolorosos: gravar las remesas que hacen a sus familias y sus comunidades de origen.

Es un duro golpe a México, y un impacto mayor, letal, a varios países latinoamericanos, donde las remesas representan casi 10 puntos porcentuales del PIB, y que agudizarán el bajo poder adquisitivo y la pobreza extrema en amplias franjas sociales de esos países, sobre todo en Centroamérica.

Los fríos datos así lo revelan: la región de América Latina y el Caribe recibió más de 160 mil 900 millones de dólares en remesas el año pasado. Aunque México es el segundo receptor de remesas (sólo detrás de India), para el país como un todo el monto no es tan grande, ya que sólo representa 3.5 por ciento del PIB, lo cual significa, en porcentaje, el lugar número 69 del mundo.

No es un logro menor el conseguido por el gobierno mexicano y un grupo plural de legisladores al reducir en la Cámara de Representantes el gravamen de las remesas de 5 a 3.5 por ciento, pues la diferencia representa mil millones de dólares, 20 mil millones de pesos que ya no serán extraídos de los bolsillos de los trabajadores migrantes.

Tengamos presente que las remesas con destino a México han alcanzado un record histórico de 65.1 mil millones de dólares anuales, por lo que 1.5 por ciento de esa cifra representa casi el presupuesto de algunos estados del país en un volumen tan grande de base gravada.

Pero la lucha ahora debe continuar en el Senado estadunidense, porque el objetivo debe ser frenar un gravamen a todas luces injusto, pues castiga a uno de los sectores ya de por sí muy vulnerabilizados, y además es un impuesto especial e ilegal, que en los hechos es una doble tributación: los trabajadores migrantes ya pagan el impuesto al ingreso y al consumo en un país que, además, se beneficia de la plusvalía extraída de su fuerza de trabajo.

Específicamente, los trabajadores mexicanos pagan en EU impuestos a tasas que van de 10 a 37 por ciento; esto significa que se trata de ingresos que ya fueron gravados con el equivalente al ISR de ese país, por lo que imponerles otro 3.5 implicaría una doble tributación que incumpliría con tratados tributarios internacionales.

Visto en términos cuantitativos, con datos duros oficiales, la comunidad inmigrante ya contribuye con decenas de miles de millones de dólares al año en impuestos. En 2022, los inmigrantes pagaron aproximadamente 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.

Por otra parte, el argumento de la derecha estadunidense de que por la vía de las remesas se lava dinero del narcotráfico es falaz e insostenible, pues como expresó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, 99.1 por ciento de las remesas del año pasado se recibieron a través de transferencias electrónicas. Es decir, se trata de un mercado absolutamente regulado, legal, transparente y completamente escrutado y validado por las autoridades de los dos países.

Gravar las remesas de los migrantes es una iniciativa tan impopular, irracional y regresiva, que en la Cámara de Representantes luego del cabildeo y la diplomacia parlamentaria de los legisladores mexicanos, la iniciativa apenas pudo ser aprobada por un voto: con 215 a favor y 214 en contra.

Para el congresista demócrata Adriano Espaillant, presidente de la organización Caucus Hispano, el impuesto a las remesas es discriminatorio y punitivo, pues se plantea aplicar incluso a trabajadores con residencia permanente y titulares de visas de no inmigrante, mientras eximiría a los ciudadanos estadunidenses. Compartimos totalmente ese diagnóstico.

Queda la lucha en el Senado estadunidense, donde esperemos prive la sensatez, racionalidad y el sentido de justicia, valores trastocados, vilipendiados, por una derecha mercantilista que agotada en la visión de corto plazo no dimensiona que es mucho más lo que Estados Unidos pierde en imagen internacional, liderazgo mundial y, sobre todo, como imperio construido con el trabajo, el consumo y los impuestos ordinarios de los trabajadores migrantes.

En México, defender a los trabajadores migrantes y familias debe estar por encima de credos, partidos e ideologías.