Washington. Un juez federal ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que facilite el regreso de un guatemalteco que deportó a México pese a sus temores de sufrir daños en ese país. El hombre, que es homosexual, estaba protegido contra un envío a su país de origen, según una orden de un juez de inmigración. Sin embargo, Washington lo subió a un autobús con destino a México, en una expulsión que según el magistrado de distrito, Brian Murphy, fue una falta al debido proceso.

Murphy agregó en su dictamen que el caso presenta el horror banal de un hombre siendo erróneamente subido a un autobús y enviado de vuelta a un país (Guatemala) donde presuntamente acababa de ser violado y secuestrado.

Según documentos judiciales, México después lo envío a Guatemala. En un procedimiento anterior se determinó que el hombre, identificado por las iniciales O.C.G., corría el riesgo de persecución o tortura si regresaba a su país de origen, pero también temía regresar a México. Además, en su búsqueda de asilo en Estado Unidos, presentó pruebas de haber sido violado y retenido en Guatemala.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aseguró que O.C.G. estaba en Estados Unidos ilegalmente, se le concedió la suspensión de la remoción a Guatemala y fue enviado a México, que, afirmó, era una tercera opción segura para él, en espera de su solicitud de asilo.

McLaughlin calificó al magistrado como un juez federal activista e indicó que espera que se reivindique la directriz por un tribunal superior.

Expatriaciones erróneas

La orden de Murphy se suma a una serie de conclusiones de los tribunales federales en contra de las recientes deportaciones que emprendió el gobierno de Trump, muchas de ellas a terceros países y la deportación errónea de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que vivió en Maryland durante aproximadamente 14 años, donde trabajaba y tenía familia.

La Suprema Corte estadunidense ordenó a la administración Trump que facilitara el regreso de Ábrego García a Estados Unidos desde una prisión salvadoreña de alta seguridad, y rechazó la afirmación de Washington de que no podía recuperarlo tras deportarlo por error.

La Casa Blanca y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguraron que no tienen poder para devolverlo. En este contexto, según una investigación del diario The Washington Post, los maestros de Ábrego García y compañeros de clase durante el periodo 2003-2011 aseguraron que él no pertenecía a ninguna pandilla.

Además, según los registros escolares oficiales en El Salvador, a los que tuvo acceso el rotativo estadunidense, el residente de Maryland demostró constantemente una muy buena conducta. Hacia el final de su tiempo escolar, sus amigos se preocuparon por sus problemas en casa. Parecía triste, como si estuviera pensando en otra cosa, afirmó un ex compañero de clase que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Las amenazas de pandillas contra él y su familia fueron el motivo de ello, y lo que causó que Ábrego huyera a Estados Unidos al temer por su vida.

Abogados y jueces cuestionaron la veracidad de las acusaciones en su contra. Trump señaló sus tatuajes como evidencia, pero funcionarios e investigadores que estudian a la pandilla trasnacional MS-13 afirman que los tatuajes no son una prueba contundente de su pertenencia al grupo criminal.

La administración Trump intentó invocar el privilegio de secretos de Estado para no brindar información sobre su caso bajo el argumento de que revelar detalles sobre el regreso de Ábrego García a Estados Unidos en un tribunal abierto, o incluso a un juez en privado, pondría en peligro la seguridad nacional, sin especificar de qué forma.