San Salvador. El Salvador es ahora el campo de batalla donde colisiona la agresiva política de deportaciones de indocumentados del presidente estadunidense Donald Trump con la norma jurídica que establece el derecho al debido proceso.

Desde mediados de marzo, han llegado de Estados Unidos tres vuelos con más de 200 venezolanos acusados de pertenecer, sin pruebas contundentes, al grupo criminal Tren de Aragua, con raíces en Venezuela, así como 23 presuntos miembros de la pandilla MS-13.

En uno de esos vuelos llegó el salvadoreño Kilmar Ábrego, presunto miembro de la MS-13, y trasladado por error al país centroamericano. Vivía en Hyattsville, una ciudad del condado Prince George, del estado de Maryland.

Todos los expulsados de Estados Unidos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), pero recientemente Ábrego fue trasladado a una prisión en el oeste del país.

Un juicio justo

Todo eso tiene que llevar al debido proceso; es sencillo: si es pandillero, demuéstralo, llévalo a un juicio, consigue los antecedentes y que un juez ordene la deportación y sácalo del país, explicó a La Jornada la abogada Bessy Ríos.

El caso de Ábrego ha cobrado notoriedad internacional. Su proceso evidenciaría el incumplimiento del gobierno de Trump de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó facilitar el regreso al salvadoreño a Estados Unidos para que continuara con un proceso legal que inició en 2019.

Pero la Casa Blanca se niega y tira la pelota al gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

En documentos oficiales, policías de aquel condado lo arrestaron el 28 de marzo cuando merodeaba junto con otros dos sujetos, en un estacionamiento de un Home Depot.

Las fuentes de esos agentes afirmaron que Ábrego era miembro de la MS-13, según el expediente. El 24 de abril de 2019, un juez de inmigración dio validez al reporte policial y, ante una apelación de la defensa, otro juez mantuvo la decisión del tribunal.

No obstante, el 19 de octubre un juzgado de Baltimore lo benefició con una resolución que suspendía temporalmente la deportación.

Al final, tanto Estados Unidos como El Salvador están violentando el debido proceso, pues no han sido vencidas en juicio. No digo que lo sean, pero de momento se les presume legalmente inocentes, subrayó Ríos.

El criminólogo Misael Rivas señaló que no es requisito que exista una sentencia judicial definitiva para realizar las expulsiones, pues esas personas, en medio de sus procesos legales, pueden ser enviadas a otras prisiones, nacionales e internacionales, como un depósito judicial.

Rivas dijo que ese mecanismo es frecuente en Europa. El más documentado, señaló, es el convenio suscrito en 2015 entre Países Bajos y Noruega.

Esto quiere decir que este convenio entre Estados Unidos y El Salvador no es nuevo, sostuvo Rivas a La Jornada.

Sin embargo, a diferencia del acuerdo firmado entre aquellas dos naciones europeas, el pacto amarrado entre Trump y Bukele, que da luz verde a los traslados, permanece en secreto y se desconoce si ellos cuentan con expedientes judiciales detallados.

El cuadrilátero político

El 16 de abril llegó a El Salvador el senador demócrata Chris van Hollen, en una cruzada para que se cumpla el debido proceso y se haga efectiva la resolución judicial que pide enviar a Ábrego a Estados Unidos.

Van Hollen logró reunirse con Ábrego, cuya salida de la cárcel fue avalada a regañadientes por el gobierno salvadoreño y llevado al hotel del senador, en San Salvador.

Antes, el congresista se había quejado de que el gobierno no lo dejó ingresar al Cecot.

¿Y quién lo llevó? ¿y quién le aseguró que iba a entrar? No sé cómo se le ocurrió ir (sin permiso), hay también una puesta en escena, no hay que negarla, comentó la abogada Ríos, refiriéndose a un interés político electoral de mostrar a los demócratas como defensores del estado de derecho ante sus votantes salvadoreños y latinos en Estados Unidos. Las elecciones de medio término son en noviembre de 2026

El 21 de abril, un grupo de cuatro congresistas demócratas llegó a San Salvador, con el mismo propósito de reunirse con Ábrego, sin lograrlo.

En tanto, el gobierno salvadoreño invitó al país a la congresista republicana por Florida, Ana Paulina Luna, quien ya confirmó su llegada, para el 8 de mayo.

En marzo de 2022, Bukele comenzó una lucha sin cuartel contra las temidas pandillas MS-13 y Barrio 18, y logró desarticular las, pero cientos de inocentes están arrestados.

Para las familias salvadoreñas que han vivido el encarcelamiento de parientes, sin ser pandilleros, la llegada de los políticos estadunidenses está dando a conocer aún más las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador.

Las visitas han evidenciado, de forma global, que en El Salvador sí se violentan los derechos humanos, afirmó a La Jornada Salvador Ruiz, del Comité de Familiares de Víctimas del Régimen del Bajo Lempa, una región costera, en el sur del país.

Ruiz afirmó que 232 jóvenes del Bajo Lempa han sido capturados como pandilleros, sin serlo. El pasado 4 de abril murió José Rigoberto Vega González, de 28 años, quien el 15 de mayo cumpliría tres años de haber sido detenido y encarcelado en el penal de Izalco.