En su última recta de sesiones antes de la transición en el Poder Judicial de la Federación (PJF), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto resolver en los próximos meses asuntos de alto impacto, entre ellos seguridad nacional, reformas a las leyes minera y de aguas nacionales, prisión preventiva oficiosa y la ejecución de sentencias internacionales. En contraste, en sus salas aún no hay fecha para discutir de fondo casos como el de Grupo Salinas sobre adeudos fiscales por alrededor de 35 mil millones de pesos.

A partir de la próxima semana, al pleno sólo le quedarán 19 sesiones públicas y el 1º de septiembre entregarán la estafeta a los ministros elegidos por voto popular. Tienen programada la discusión de 76 asuntos.

Entre los temas destacados, el pleno prevé determinar a finales de este mes la participación que tendrá el PJF sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, y en mayo la resolución de la misma autoridad sobre el expediente García Rodríguez y otro versus México, en el que la SCJN marcará un trascendental criterio sobre la aplicación de prisión preventiva oficiosa en México.

También en esa sesión de mayo, se programó la resolución de una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de febrero de 2021, que reformó diversas leyes para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

A finales de abril también está prevista la discusión de dos recursos en materia de seguridad nacional promovidos por el Ejecutivo federal contra resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); una de marzo de 2023, relativa a la apertura de expedientes sobre el estado de fuerza de las corporaciones policiales estatales, y la segunda, de noviembre de 2023, sobre la entrega de información relacionada con los Estados Operativos del Sistema Eléctrico Nacional.

En mayo discutirán la acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de mayo de 2023, que ordenó la desaparición del INAI y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros cambios.

Para agosto está programada la acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores federales de oposición contra el decreto de reformas a la Ley Minera, de las leyes de Aguas Nacionales, la General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de mayo de 2023. Además, la declaratoria general de inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social de mayo de 2018. El último asunto es la acción de inconstitucionalidad de senadores contra la reforma a la Ley Minera del 20 de abril de 2022.