Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió de-sechar juicios de inconformidad que denunciaban actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, así como promoción personalizada de candidatos a cargos del Poder Judicial, en entidades como Michoacán y Oaxaca.

La mayoría de los magistrados (Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata) votaron contra los proyectos en los que la magistrada Janine Otálora señalaba la posible comisión de actos anticipados de campaña por candidatos a jueces, por lo que sugería revocar los desechamientos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE y de la Junta Local Ejecutiva del instituto en Oaxaca.

Propongo revocar los acuerdos de desechamiento porque de manera indiciaria sí advierto posibles vulneraciones a la normatividad electoral, por lo que se propone que si no se advierte alguna otra causa de improcedencia se admiten las quejas, se sustancien y se manden los expedientes a la sala regional especializada, expuso Otálora.

Sin embargo, las evidencias y los argumentos de los proyectos no fueron válidos para los tres magistrados que suelen votar en conjunto, por lo que se mantuvieron las desestimaciones, pues aunque los aspirantes sí admitieron que se promovieron en redes sociales y páginas de Internet antes del inicio de las campañas, Soto y los Felipes opinaron que no se advierte un llamamiento al voto ni a favor ni en contra.

En otro asunto, la diputada migrante Maribel Solache González presentó un juicio de la ciudadanía para controvertir el oficio mediante el cual la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores rechazó su petición de votar en las elecciones del Poder Judicial si estaba en el país, pero con su credencial para votar emitida en Estados Unidos.

La quejosa señaló que se trató de un acto de discriminación a su condición de migrante y que como diputada federal podría votar si se encontraba en México el 1º de junio. Sin embargo, el pleno de la sala superior determinó ordenar al INE que otorgue una respuesta a la diputada migrante en su próxima sesión de Consejo General.

Otro asunto discutido por el pleno fue la impugnación de una candidata a magistrada en materia penal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz contra el modelo de boleta que será utilizado en la jornada electoral local.

De acuerdo con la postulante, el modelo aprobado por el Organismo Público Electoral de la entidad restringe el derecho del voto de la ciudadanía, debido a que sólo podrá emitir un sufragio para una especialidad.

El proyecto a cargo del magistrado Reyes Rodríguez proponía otorgar la razón a la candidata y ordenar al OPLE de Veracruz que modifique el diseño de las boletas, a fin de que los ciudadanos de esa entidad puedan votar por todas las vacantes y especialidades.

Otálora compartió el proyecto de sentencia y daba la razón a la candidata que presentó la queja, pues considera que la boleta debería contener seis recuadros y no limitar la votación a uno solo por materia.

La recurrente tiene la razón, porque con esta boleta se están vulnerando los principios de igualdad y paridad de género, ya que el modelo de boleta impugnado no permite que la ciudadanía vote por tres vacantes para mujeres y tres para hombres, sino que sólo será por una, detalló la magistrada.

Sin embargo, los otros tres magistrados votaron en contra al considerar que en este momento no es viable ordenar la modificación del diseño, porque la impresión de las boletas ya comenzó y se trataba de un acto irreparable, de modo que no aprobaron la propuesta de Rodríguez.