Washington. El gobierno de Estados Unidos desafió una orden clara de la Corte Suprema, afirmó ayer la jueza federal de Maryland Paula Xinis, al asegurar que no hay evidencia de que hayan intentado repatriar al salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue detenido por error y enviado a una prisión de El Salvador, mientras un representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que si el migrante regresara a Estados Unidos podría ser expulsado nuevamente.

En la audiencia que se realizó ayer, Xinis también ordenó al gobierno presentar antes de este viernes la ubicación física actual y el estado de custodia de Ábrego García, así como las medidas que han tomado para facilitar su regreso inmediato.

El salvadoreño, de 29 años, residente de Maryland, llevaba viviendo en Estados Unidos 14 años, trabajó en las áreas de construcción y metalurgia, se casó y tiene tres hijos con discapacidades, según los registros judiciales.

En 2019 un juez de inmigración otorgó al salvadoreño una suspensión de deportación al dictaminar que enfrentaría persecución en su país de origen por parte de pandillas locales que habían aterrorizado a su familia; además le extendió un permiso federal para trabajar en Estados Unidos.

El gobierno de Trump lo expulsó de todos modos acusándolo de pertenecer a la pandilla MS-13, aunque más tarde admitió que en su caso hubo un error administrativo.

Una de las abogadas de Ábrego García aseguró que los procedimientos por desacato podrían ser el siguiente paso, mientras la esposa del salvadoreño, Jennifer Vásquez Sura, declaró: no dejaré de luchar hasta que vea a mi esposo vivo. Kilmar, si puedes oírme, mantente fuerte, nuestros hijos se preguntan cuándo volverás a casa.

En este contexto, el abogado general del DHS, Joseph Mazzara, afirmó ayer en un documento judicial que “si Ábrego García retorna a Estados Unidos quedaría sujeto a detención del DHS, que lo expulsaría a un tercer país o cancelaría su suspensión de deportación debido a su pertenencia a la MS-13, organización terrorista extranjera designada, y lo enviaría a El Salvador”.

Por otra parte, la justicia estadunidense bloqueó la revocatoria del estatus legal a 532 mil migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, en una acción que marca un revés para la administración de Trump.

La jueza federal de Boston dictaminó ayer que el gobierno actual no puede revocar el parole humanitario otorgado a más de medio millón de personas por el ex presidente Joe Biden.

En tanto, una investigación del New York Times reveló que la mayoría de los 238 migrantes venezolanos que fueron enviados a una cárcel en El Salvador, acusados por Washington de pertenecer a la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, no tienen antecedentes penales en Estados Unidos ni en otros países de la región, sólo delitos migratorios. De igual manera, muy pocos parecen tener vínculos claros y documentados con la pandilla venezolana.

Sin antecedentes penales, ya están en el Cecot

Según funcionarios que realizaron la operación, para sustentar las acusaciones utilizaron antecedentes penales, datos de vigilancia, entrevistas con migrantes, información redes sociales y tatuajes, entre otras cosas. Un equipo de periodistas e investigadores del Times analizaron los 238 nombres en tres bases de datos de registros públicos de Estados Unidos, verificaron antecedentes en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Chile, revisaron documentos judiciales y artículos, hablaron con docenas de familiares y entrevistaron a expertos sobre el Tren de Aragua.

La investigación encontró que 32 de ellos tienen graves acusaciones o condenas penales en Estados Unidos o en el extranjero, 24 habrían cometido delitos menores, mientras el resto no tiene antecedentes penales.