Nuuk y Charlevoix. El partido opositor de centroderecha de Groenlandia, Demokraatit, que le expresó al presidente Donald Trump que el país no estaba en venta, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias del país, un resultado sorpresivo, ya que el territorio acudió a las urnas en medio de las amenazas del magnate de tomar el control de la isla de una forma u otra.

Jens-Frederik Nielsen, líder de la agrupación que se propone impulsar la economía antes de separarse de Dinamarca, apostó por mantener una actitud tranquila hacia Estados Unidos y abrió la puerta a todas las fuerzas políticas para formar gobierno.

Adelantó que deberán mantener una actitud abierta ante los temas muy difíciles que habrá que pactar con otras formaciones de carácter soberanista que defienden una separación de Dinamarca más inmediata. Debemos estar unidos en un momento de gran interés desde el exterior, agregó.

A su vez, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, afirmó ayer que la cuestión de cómo va a apoderarse Estados Unidos de Canadá no se debatirá en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G-7, que se celebra desde ayer y hasta mañana en dicho país, mientras su par canadiense, Melanie Joly, señaló lo mismo y agregó que la soberanía canadiense no es negociable.

El primer ministro entrante de Canadá, Mark Carney, afirmó que está preparado a reunirse con Trump si respeta la soberanía del país y está dispuesto a hablar sobre un enfoque común para el comercio.

Carney, quien esta mañana tomará posesión junto con su nuevo gabinete, habló con los reporteros en una fábrica de acero en Hamilton, Ontario, después de que el magnate aumentó oficialmente los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio a 25 por ciento.

En tanto, Estados Unidos exigirá a los canadienses que visiten el país por más de 30 días que se reporten ante las autoridades y que registren sus huellas dactilares, informó el Registro Federal, en medio de tensiones comerciales entre estos dos vecinos. El nuevo requisito, que debería entrar en vigor el 11 de abril, afectaría a entre 2.2 y 3.2 millones de personas.