La crisis de derechos humanos por la desaparición de personas en México se ha reconocido en leyes y discursos, pero no se corresponde con la realidad del escaso presupuesto y el desinterés de los gobiernos de los estados en el tema, afirmaron organizaciones civiles.

Señalaron que el dinero asignado en 2023 representó sólo 0.029 por ciento de la cuenta pública de ese año, mientras el gasto en comunicación social y publicidad de las entidades federativas fue 10 veces mayor.

Ayer, las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva presentaron el informe En búsqueda de presupuesto: la inversión de las comisiones locales de búsqueda 2023, realizado a partir de solicitudes de información en los 32 estados de la República. Encontraron que además de los limitados recursos económicos, existen disparidades en su asignación y en la forma en que se utilizan.

Así, aunque la inversión promedio para cada comisión local de búsqueda es de 26.5 millones de pesos, Jalisco dispuso de 72 y Tlaxcala de menos de 4.

Luis Javier Moreno, de Política Colectiva, comentó que de la revisión de los datos, se detectó que Campeche, entidad con menos desaparecidos en el país, destinó 108 mil pesos por cada búsqueda; en cambio, Tamaulipas, el segundo con la crisis más grave en este rubro, invirtió apenas mil pesos, en promedio.

En cuanto a los gastos que realizan otras entidades públicas, en la investigación se detectaron casos como el del Poder Legislativo de Oaxaca, que reportó una erogación de 899 millones de pesos. El monto es superior a los 849 millones asignados a la búsqueda de personas a escala nacional.

Los activistas también se percataron de que 72 por ciento de este dinero proviene de la Federación y 28 por ciento corresponde a aportaciones estatales, y se distribuyen de manera desigual.

En Chihuahua, 73 por ciento del presupuesto de la comisión de búsqueda se integró con los recursos federales, en Guanajuato fue casi la totalidad (96 por ciento) y en Quintana Roo poco más de la mitad.

Recordó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas contenía información de 102 mil 484 casos en 2022, cifra que bajó a 95 mil 84 en 2023 por el cambio en la metodología realizado por el gobierno federal. Aun así, de acuerdo con los datos oficiales, las entidades que reportan la mayor problemática son estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León y Zacatecas, con casi 10 mil individuos no localizados.