ermán Reyes Reyes, militar retirado acusado de ordenar el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, se desempeñó como fiscal de delitos graves de 2022 a 2024. En la nueva administración municipal logró colocarse como encargado de despacho en la Secretaría de Seguridad Pública. Su carrera en la capital del estado se truncó el 12 de noviembre, al ser detenido por la Guardia Nacional y el Ejército. En la audiencia inicial el agente del Ministerio Público acusó al funcionario de formar parte del grupo delictivo Los Ardillos. La jueza valoró las pruebas y dictó prisión preventiva.
Al siguiente día la Sedena difundió un comunicado para deslindarse del imputado; sin embargo, avaló su nombramiento de fiscal cuando la teniente Sandra Luz Valdovinos fue designada fiscal general. En lo que va de la administración de Evelyn Salgado Pineda la investigación de los delitos está en manos del Ejército. Los resultados han sido desastrosos, porque la mayoría de las carpetas de investigación no se judicializan y los delitos de alto impacto han aumentado en las ocho regiones del estado.
En la cabecera municipal de Tlapa, el colectivo Luciérnaga cuenta con un registro de 60 desaparecidos, tiene abiertas 40 carpetas de investigación y desde 2016 a la fecha no hay una orden de aprehensión, tampoco existe un acto de vinculación y mucho menos una condena. Son las madres, hermanas e hijas las que impulsan las jornadas de búsqueda, que, en medio de tantos peligros, han logrado la identificación de seis personas. La inacción oficial es el mayor obstáculo que enfrentan por los nulos avances en las investigaciones y la inoperancia de las comisiones de búsqueda.
¿Qué podría esperar la sociedad guerrerense de un fiscal encargado de investigar los delitos graves cuando lo acusan de ser parte de un grupo delictivo y lo procesan por el execrable homicidio del presidente municipal? ¿Qué ha pasado con las mesas de coordinación para la construcción de paz en Guerrero que no han frenado la violencia ni garantizado la seguridad de los ciudadanos?
Las fuerzas federales no han podido remontar el poder destructor de los grupos delincuenciales. En lugar de replegarlos y someterlos, se fortalecen y expanden. Sus incursiones armadas son recurrentes y desafiantes. La más reciente sucedió el 24 de octubre en Tecpan de Galeana, cuando irrumpió un comando denominado GNG. En un video, declararon la guerra al grupo rival de Los Granados y denunciaron los nexos que tienen con el comandante del 109 Batallón de Infantería del Ticuí y elementos de la Guardia Nacional. En la confrontación murieron 38 elementos del nuevo grupo y 21 personas fueron detenidas; 19 de nacionalidad guatemalteca y un salvadoreño. La persecución y las detenciones de los integrantes del GNG continúan; sin embargo, las redes de macrocriminalidad en las que se encuentran coludidos policías y militares no son de relevancia para la Fiscalía General de la República.
En el caso de los 43 normalitas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, existe un expediente que envió el departamento de justicia de Estados Unidos en el que da seguimiento a un proceso penal a miembros de Guerreros Unidos, por su involucramiento en el trasiego de drogas. Las autoridades estadunidenses intervinieron llamadas, principalmente de Pablo Vega, operador del grupo delictivo en el país vecino. El contenido de esas intervenciones da cuenta del modus operandi de Guerreros Unidos en Iguala. Se detallan sus ligas con autoridades municipales, estatales y destacados mandos militares del 27 y 41 Batallón de Infantería. El trueque de dinero fue a cambio de asegurar la ruta a EU para el trasiego de drogas. Esta línea de investigación, impulsada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, tampoco la atiende la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa.
En Guerrero los pactos con el crimen organizado siguen intocados. Los grupos criminales se han enquistado en las ocho regiones y en los 85 municipios del estado. Las plazas más disputadas se libran en los centros turísticos y en las ciudades que se ubican en el corredor minero. La capital del estado es estratégica por su ubicación geográfica y por la concentración de los poderes públicos. El mapa delictivo es una hoja de ruta que nos dibuja las alianzas que los jefes de los grupos delincuenciales han establecido con líderes políticos a nivel estatal, regional y municipal. En este escenario copado por las organizaciones criminales, la estrategia de seguridad operada por el Ejército es fallida y poco confiable, porque las fuerzas federales y las corporaciones policiacas están en el bando contrario de las víctimas.
El sepelio de 11 campesinos asesinados de Chautipan, municipio de Chilpancingo, el 9 de noviembre, nos devela las tragedias que se han normalizado para las autoridades del estado. Fue desgarrador lo que sucedió con ellos. A todos los desmembraron y los dejaron en una camioneta. Dos de las víctimas fueron mujeres, y a los cuatro niños les sacaron los ojos. Fue la respuesta del grupo delincuencial al señalamiento que hizo el comandante de la 35 zona militar, Jorge Pedro Nieto. En conferencia de prensa había anunciado que participarían fuerzas especiales, tropas con helicópteros y efectivos de la Guardia Nacional para localizar a las 17 personas desaparecidas. Por la noche fueron abandonados los 11 cadáveres. Las autoridades no han dado con el paradero de los seis comerciantes que faltan.
Las 11 personas que salieron de su comunidad a vender trastos se toparon con los asesinos. Su ilusión de llevar algunos pesos a su familia se transformó en tragedia. Nunca imaginaron que el camino, por el que han transitado 17 años, estuviera vigilado y restringido por halcones y sicarios. De manera sorpresiva los interceptaron y desaparecieron. Sus familiares fueron en su búsqueda y tampoco se sabe de su paradero. Chautipan perdió a 17 hijos de los 500 que viven en la serranía, sumergidos en la pobreza y el abandono, en el abismo de la muerte.
* Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan
