on 332 votos en favor y 119 en contra, la Cámara de Diputados aprobó ayer la desaparición de siete órganos autónomos (INAI, IFT, Cofece, CRE, CNH, Mejoredu y Coneval) y turnó la enmienda al Senado para su ratificación. La reforma también contempla crear una agencia antimonopolios adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la cual asumirá las labores hasta ahora encomendadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.

La extinción de estas figuras generará significativos ahorros al erario, pero el significado trascendental de la reforma no se encuentra en lo presupuestal, sino en la reorganización del Estado a fin de que éste se consolide como garante de la voluntad ciudadana, una perspectiva contrapuesta al espíritu tecnocrático y antipopular de quienes diseñaron y condujeron dichos organismos. Debe recordarse que todos ellos fueron creados a partir de directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) con el abierto propósito de arrebatar al país su rectoría sobre sectores estratégicos: las telecomunicaciones, los hidrocarburos, la energía eléctrica, la educación pública y la regulación de las megacorporaciones, entre otros.

Tales objetivos, que forman parte medular de la gobernanza neoliberal, se inscriben en una ideología extremista que ve al Estado, a la propiedad colectiva y al fenómeno comunitario como fuentes de todo mal y obstáculos al crecimiento económico. El mismo término gobernanza fue acuñado porque gobierno es una palabra maldita para el neoliberalismo, que reduce a las autoridades elegidas democráticamente a gestoras de los intereses privados.

Los gobernantes y funcionarios mexicanos imbuidos de esa ideología representaban la contradicción de ser políticos que ven la política –es decir, la discusión y resolución colectiva de los asuntos de interés común– como una actividad intrínsecamente ilegítima. Al desconfiar del Estado y ver en el individualismo empresarial un modelo de virtud, esos personajes delegaron funciones elementales de gobierno en organismos con dirigencias transexenales, cuyas cúpulas mostraron un desprecio lleno de clasismo hacia las mayorías y se dedicaron a trabajar en favor de los poderes fácticos a los que debían regular.

El trajín de los altos funcionarios entre organismos autónomos, iniciativa privada y partidos políticos –la práctica corrupta conocida como puerta giratoria, legalizada por la Suprema Corte– reforzó la lealtad dentro de una camarilla neoliberal que abjura del Estado, pero no se abstiene de explotarlo para el enriquecimiento personal mediante puestos pagados con una magnificencia ofensiva.

Ante el carácter indefendible de esos organismos, la derecha política, empresarial y mediática intenta engañar a la opinión pública con la versión de que desaparecerlos llevaría a un conflicto con Washington y Ottawa en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta falacia ya fue desmontada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien informó que dicho mecanismo de libre comercio no establece obligación alguna de establecer órganos autónomos, por la sencilla razón de que esas figuras no existen en el derecho ni en la tradición política anglosajona.

Por este mismo motivo, es absurdo decir que el fin del INAI, el IFT, la Cofece, la CRE, la CNH, el Coneval y Mejoredu supone la demolición de los pesos y contrapesos de un sistema democrático: Estados Unidos ni siquiera cuenta con una institución independiente del gobierno para organizar y calificar sus elecciones y nadie utiliza esa carencia para cuestionar su democracia.

Los contrapesos de un régimen democrático clásico son la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, ante todo, la inalienable soberanía del pueblo para elegir a sus autoridades y representantes y para darse por medio de ellos las modalidades institucionales que prefiera.