Las familias de los siete policías federales desaparecidos el 16 noviembre de 2009 en Zitácuaro, Michoacán, exigieron que se investigue la cadena de mando que envió a los elementos a una comisión en esa entidad –en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico– sin protección y sabiendo que era peligroso, incluido el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, preso en Estados Unidos.

Araceli Rodríguez, madre de Luis Ángel León, afirmó que a 15 años de la desaparición de su hijo, seis de sus compañeros y un civil, no hay funcionarios encarcelados. Si bien es cierto que hay detenidos integrantes de la delincuencia organizada, ¿dónde están los que de verdad perpetraron el acto por su permisividad?, preguntó en conferencia de prensa.

Enfatizó que los superiores de los policías federales sabían muy claro que los chicos iban a una zona marcada por tanto peligro y aún así los enviaron desprotegidos, no les dieron los medios necesarios para llegar a su destino, en Ciudad Hidalgo.

Además, recordó que previamente su comandante inmediato, Raymundo Hernández Guzmán, les lanzó una amenaza: que de su cuenta corría que ellos no llegaran a su destino y su madre ni el seguro de vida iba a poder cobrar.

Rodríguez dijo también que días antes de la desaparición García Luna llevó a Juan Carlos Ruiz Valencia, una de las víctimas, a Ciudad Hidalgo porque sería designado director municipal. Se lo llevó en helicóptero y lo dejó abandonado allá. Juan Carlos se tuvo que regresar a la medianoche en camión.

Expuso, además, que para las familias de los elementos policiacos es más difícil el camino para exigir justicia. En su caso, mencionó, tuve que picar piedra para que me aceptaran por ser mi hijo un policía federal, porque definitivamente hay muchas personas desaparecidas por propios policías, entonces no los querían.

Actualmente, expresó, ya les hice entender que no todos los policías son buenos y no todos son malos. Luis Ángel desapareció en cumplimiento de su deber y hay muchas mamás que tienen hijos desaparecidos y que son policías de diferentes corporaciones.

Víctor del Pozo, consultor jurídico de Justicia Transicional MX, señaló que en este caso el Estado mexicano no ha cumplido con otras de sus responsabilidades como reparar el daño causado a los derechos humanos de las familias, instalar un memorial frente al extinto centro de mando de la Policía Federal y ofrecer una disculpa pública.