berdrola, no la única pero sí una de las más sucias trasnacionales españolas consentidas por el prianismo, se frota las manos y amenaza con regresar al mercado mexicano de electricidad, luego de que el gobierno de López Obrador adquirió 13 de sus plantas activas en nuestro país, que representaban 55 por ciento de su negocio. La característica de este corporativo fue la obtención de contratos leoninos a granel, la permanente violación de la ley sectorial, los privilegios que el régimen neoliberal le garantizaba sobre la Comisión Federal de Electricidad, la venta ilegal de energía eléctrica, el influyentismo y el derecho de picaporte en Los Pinos, entonces residencia oficial del Poder Ejecutivo, entre tantas otras.

El gobierno anterior denunció permanentemente las ilegalidades y excesos cometidos por la trasnacional, y los denunció públicamente, hasta lograr reducir sus operaciones en una creciente proporción y, de forma paralela, incrementar la participación de la Comisión Federal de Electricidad, cancelando así el plan neoliberal de extinguir a este consorcio del Estado mexicano.

Pero la exhibición del cochinero que tenía en México –permitido y estimulado por el propio régimen neoliberal– no amilanó a Iberdrola –que ha puesto a parar a los consumidores españoles por las elevadísimas tarifas que cobra– y ahora intenta regresar por sus fueros mejicanos, aprovechando las nuevas reglas y modalidades aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que apuntan a la integración de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (SAE) al sistema eléctrico Nacional.

De acuerdo con la CRE, las nuevas reglas no implican generación eléctrica, pues se trata de utilizar baterías para almacenarla, lo que al final de cuentas implica generación, porque de algo deben cargarse esas baterías, de tal suerte que la trasnacional –y quienes pretendan incorporarse a esa modalidad– requiere de nuevos permisos, siempre con base en lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica. Y la trasnacional española (con el hampón Ignacio Sánchez Galán como cara visible) ya se frota las manos.

Luego de que el gobierno de López Obrador concretó la adquisición de las citadas 13 plantas, Iberdrola no quedó en la miseria operativa, toda vez que mantuvo 15 instalaciones en territorio mexicano, su actividad comercial y la generación de energía renovable con una cartera de 6 mil MW, de los que más de 2 mil se desarrollarán en los próximos cinco años para venta a privados, informó la compañía en un comunicado ( La Jornada, Dora Villanueva).

Dado su negro historial, tanto en nuestro país como en otras naciones en las que opera, incluida España, el gobierno mexicano debe ser extremadamente cauteloso con los permisos que eventualmente le otorgaría a Iberdrola bajo las nuevas reglas y modalidades, porque aunque el hampón se vista se seda, hampón se queda.

Como parte de su expediente, hay que recordar que en 2022 la CRE impuso a Iberdrola una multa cercana a 10 mil millones de pesos por vender, ilegalmente y por medio de su planta de Dulces Nombres en Nuevo León, energía eléctrica a empresas no autorizadas (alrededor de 500) en el respectivo permiso. Pero, ¡sorpresa!, el Poder Judicial salió en defensa de la trasnacional: el juez Ramón Lozano Bernal, entonces titular del juzgado tercero de distrito en competencia económica, le concedió suspensión definitiva, un tribunal federal la confirmó, y aquélla no pagó un solo centavo. Este impartidor de justicia, junto con otro de su calaña, Juan Pablo Gómez Fierro –en ese entonces también juez especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en la Ciudad de México que concedió amparos al por mayor, y en días pasados, ante la reforma judicial, decidió renunciar a su hueso– no hicieron más que proteger los intereses privados, en donde Iberdrola era la reina de la fiesta.

Las rebanadas del pastel

Después dicen que Emilio Azcárraga Jean no es el capo de la industria del balompié en nuestro país. Ante el escándalo por su renuncia al consejo de administración de Televisa, derivada de la investigación del Departamento estadunidense de Justicia, sus empleados aplican el código siciliano: La postura es la misma entre los directivos del futbol mexicano: todos callan. Nadie habla de la investigación a una presunta trama de corrupción que involucra a Televisa por sobornos a funcionarios de la FIFA para conseguir los derechos de transmisión de varias copas del mundo, incluida la próxima, a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá en 2026 ( La Jornada, Juan Manuel Vázquez).

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