En medio de protestas y el bloqueo de accesos al edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por trabajadores inconformes con la reforma judicial, por mayoría, el pleno del organismo determinó que a partir de este jueves se reanuden actividades en todos los juzgados y tribunales.

Asimismo, que los impartidores de justicia den cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, esto es, reportar las faltas e irregularidades en que incurran quienes mantengan la suspensión de actividades en los órganos de impartición de justicia, y que aquellos jueces y magistrados que lo soliciten sean apoyados por el coordinador de seguridad para entrar a los inmuebles.

La decisión –que con ello reitera lo dispuesto el pasado 16 de octubre de reiniciar labores–, que ahora define acciones que llevarían a sanciones a los paristas, aumentó el enojo de los opositores a la enmienda judicial, por lo que consideran falta de respaldo al paro por parte de la mayoría de los consejeros, lo que hizo que radicalizaran sus acciones e impidieran la salida del inmueble a los seis consejeros presentes y parte de su equipo de colaboradores.

Los trabajadores inconformes se desistieron de mantener el cierre de la sede del CJF ante la advertencia de que si no permitían la salida de los consejeros y se pediría que el Ministerio Público Federal iniciara una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad. A las 23:50, luego de más de ocho horas de bloqueo a los accesos y más de tres de que se impidió la salida de cinco consejeros, los trabajadores del PJF se retiraron, no sin antes expresar que hubo integrantes del CJF que los traicionaron y ”amenazaron”.

Fuentes de la Judicatura indicaron que de última hora, Piña Hernández convocó –poco después de las 21:30 horas– a una reunión de pleno, sin especificar el tema a tratar.

La manifestación, que empezó poco después de las 13 horas con la exigencia al CJF de cumplir sus demandas de mantener para 2025 los salarios y prestaciones de que ahora gozan, entre otros temas, como el no sancionar a los paristas que ya suman 65 días de suspensión de actividades en los juzgados y tribunales.

Alrededor de 400 secretarios de acuerdos, notificadores, trabajadores por honorarios, oficiales judiciales y empleados de base se plantaron frente a la sede de la Judicatura, pero fue hasta las 5 de la tarde cuando decidieron cerrar los accesos e impedir el ingreso y salida de funcionarios.

Al filo de las 20:45 horas, cuando ya se había emitido la circular 23/2024 dejaron salir al personal, pero no los vehículos, con lo cual también evitaron que los consejeros Piña Hernández, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Celia Maya García, Sergio Molina Martínez, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez, pudieran abandonar las instalaciones.

El organismo del Poder Judicial de la Federación (PJF) emitió la circular 23/2024, en la cual se establece que en la sesión realizada este miércoles por mayoría de cuatro votos, el pleno del CJF determinó que prevalece el contenido de la circular 22/2024 emitida el pasado día 16, en cuanto a la decisión de reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país, por lo que los titulares están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, como el control de asistencia, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de impartición de justicia, por lo que dichas áreas deberán aplicar la norma vigente al personal que no asista a laborar, esto a partir del día 24 de octubre; asimismo se instruye al coordinador de seguridad para que apoye a los jueces y magistrados que les soliciten el acceso a los inmuebles.

En una sesión que empezó a mediodía y acabó alrededor de las 20 horas se determinó emitir la circular 23/2024 por mayoría de cuatro votos en favor, de Bernardo Bátiz Vázquez, De Gyvés Zárate, Maya García y Molina Martínez”, y en contra, de Piña Hernández, López Benítez y Montalvo Martínez.

De acuerdo con la circular 23/2024, Molina Martínez manifestó durante la sesión que reiteraba el contenido de la 22/2024 y que hasta en tanto, se tenga la información que se recabe de las administraciones regionales y de la coordinación de seguridad respecto a la situación que guardan los inmuebles y sus respectivos órganos jurisdiccionales, se podrían tomar por este CJF las medidas procedentes. Todo esto a fin de procurar el interés social y la adecuada impartición de justicia.