la hora de redactar la presente columna avanzaba, al parecer de manera irreversible, el proceso legislativo que busca cerrar el paso a cualquier forma de impugnación o freno desde el Poder Judicial de la Federación a reformas constitucionales realizadas, obviamente, por el Poder Legislativo federal mediante mayorías calificadas, la aprobación de la mitad de los congresos locales y la publicación mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tal conjunto de reformas, que hoy será presentado al pleno senatorial para su casi segura aprobación, ha estado caracterizado por pifias operativas y zigzagueos políticos. El coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, que se va afianzando como ejecutor gozoso de maniobras turbias, encabezó la acometida guinda en pos de la llamada ley antiamparo e incluso propuso la retroactividad de las nuevas modificaciones y la escandalosa supresión de los controles de convencionalidad, que habrían implicado que México se zafara de compromisos soberanos internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo.

A fin de cuentas, el político tabasqueño bis reculó en las partes más truculentas de su proyecto, en una secuencia vista en otras ocasiones en las que se amaga con algo muy grave que, al ser desandado, genera un relativo aflojamiento de la crítica, lo cual permite la aprobación sin muchos aspavientos de otros aspectos de una propuesta complicada.

La propia explicación del motivo de intentar esta ley antiamparo es resbaladiza: concordar la Constitución con una ley secundaria, lo cual no deja de ser una aceptación indirecta de que en la Carta Magna no hubiera el sustento suficiente para frenar las objeciones a la reforma judicial y por ello se quisiera suplir a la carrera tal vacío. Tal sensación fue fortalecida con la extraña pretensión de dar a la enmienda constitucional carácter de retroactividad.

La conversión de la enorme fuerza electoral derivada del pasado 2 de junio, convertida en original mayoría calificada en San Lázaro y artificialmente completada en el Senado, está siendo traducida, mediante las reformas a aprobarse hoy, en una facultad virtualmente absoluta (es decir, siempre y cuando no hubiera disenso dentro del morenismo y sus aliados) para imponer aritméticamente lo que se desee.

Tal comportamiento de aplanadora legislativa (como hacía el priísmo hasta antes de las reformas del zedillismo, que instalaron los congresos divididos) podría convertirse en una parcial revolución pacífica, que cambiara el régimen político y económico e instaurara medidas radicales de corte popular. Pero un riesgo, que puede verse en las maniobras bucaneras de los líderes camarales, López Hernández y Ricardo Monreal, especializados en marrullerías y manejos oscuros, sería que el inmenso poder electoral, transmutado en constitucional, sólo sirva para medidas efectistas (la elección por voto directo de los juzgadores) y para el reparto de posiciones del Poder Judicial entre facciones voraces.

No es menor el recelo razonado que provocan tales reformas constitucionales de supremacía, hoy favorables al bando hegemónico (Morena y sus aliados), que podrían ser utilizadas de igual manera aplastante por otro bando político e ideológico cuando las circunstancias, como es natural en todo proceso regido por elecciones, lleguen a cambiar.

Astillas

Tal como ayer se advertía en este espacio, la tercia de magistrados electorales que controla el tribunal federal correspondiente asestó una nueva derrota interna (desde luego, con fuertes consecuencias externas) a la ministra Norma Piña. El grupo que controla tal tribunal (tres contra dos votos, en resultados casi automáticos en temas claves) mantiene su alineamiento con figuras de la llamada 4T y decidió dar su aval al proceso electoral judicial que la Corte, con Piña a la cabeza, pretende impedir… ¡Hasta mañana!

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