ntegrantes del Poder Judicial han echado a volar su imaginación para presentar recursos contra la reforma constitucional, cuya consecuencia más conocida y debatida es la democratización de la Judicatura con la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Algunos juzgadores han convertido sus oficinas en maquilas de suspensiones que ordenan al Instituto Nacional Electoral (INE) frenar la organización de los comicios, con más de 260 notificaciones relativas a los mismos expedientes. Se espera que sean desechadas en bloque por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues se trate de un amparo o de 3 mil, todos son igualmente improcedentes, dado que en temas comiciales no se admiten amparos. Tampoco se aceptan en lo referente a modificaciones a la Carta Magna, pero eso no ha impedido la publicación de una cascada de aberraciones jurídicas, la más reciente y risible es la encabezada por la jueza Nancy Juárez Salas, titular del juzgado décimo noveno de distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, quien pretende encarcelar a la presidenta Claudia Sheinbaum por desacato a una sentencia, sin el menor sustento legal.

Lamentablemente, los desvaríos de los tribunales menores no son ajenos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitió cinco acciones de inconstitucionalidad contra la reforma promovidas por partidos políticos y legisladores locales. Aunque la admisión no implica una suspensión de la norma (como sucedería al aceptar una controversia constitucional), sí supone que la SCJN revisará su constitucionalidad, es decir, que emprenderá el absurdo de discutir si la Constitución es constitucional. La propia titular del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández, presentó a sus colegas un proyecto de presupuesto para 2025 redactado como si la reforma nunca hubiera ocurrido, texto que fue rechazado, aparentemente, hasta por quienes la han seguido en la deriva que la ha llevado a abjurar de las responsabilidades de su investidura y convertirse en emblema de las derechas derrotadas en las urnas.

Los despropósitos de los juzgadores se superponen con tal velocidad que cobran la forma de un incesante ruido en el que es necesario discernir los motivos reales de las proclamas vacías. A lo que puede verse, el empecinamiento en recurrir a todos los ángulos, las triquiñuelas y los laberintos legaloides para atacar algo legalmente inatacable tiene la intención de desacreditar una reforma que, como bien saben, no pueden echar atrás. Lo grave de dicha táctica es que provee al pequeño sector de la población que atiende sus voces de elementos para creer que México está ante una ruptura del orden constitucional, lo cual es falso. Aunque este bulo no tiene consecuencias judiciales, es pernicioso en la medida en que alienta la polarización y alimenta posturas radicales que contra todo sentido común pretenden negar la legitimidad del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Todas sus acciones de los últimos meses contribuyen a exaltar a quienes se sienten frustrados por el resultado electoral del pasado 2 de junio, con lo que sacan al Poder Judicial de su esfera y lo meten de lleno en la politización que, aseguran, quieren evitar con su oposición a la reforma. Es muy difícil que la mayoría ciudadana tome en serio a una rama del Estado cuyos máximos exponentes no se toman en serio a sí mismos e infligen desdoro a la institución que encabezan. Si realmente les preocupan la justicia y la Judicatura, bien harían en actuar de manera responsable, dejar de lado sus conatos de sedición y emprender la profunda autocrítica que deben a la sociedad.